Amnistía Internacional: Gobierno venezolano intenta “apagar un incendio con gasolina”
Al calificar a manifestantes de "terroristas” Maduro está convirtiendo la crisis política en un conflicto violento
Con información de Dólar Today
El incremento en el despliegue de fuerzas militares para reprimir protestas, el aumento en el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y otros, y el uso de tribunales militares para tratar de silenciar voces disidentes, ilustra un terrorífico cambio de enfoque de las autoridades venezolanas para lidiar con la crisis de derechos humanos sembrando el caos a lo largo y ancho del país, declaró Amnistía Internacional. El Nacional
“Al desplegar fuerzas y cortes militares para confrontar una situación política y social cada vez más tensa, la administración de Maduro sólo está intensificando la crisis, como quien intenta apagar un incendio con gasolina”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización no gubernamental repudió el asesinato de al menos 60 personas durante las protestas en los últimos 60 días.
“El nivel de violaciones de derechos humanos y las acciones despiadadas de las autoridades venezolanas son una reminiscencia de los peores tiempos para los derechos humanos en las Américas”, indica.
En el comunicado se destaca que al desestimar a los manifestantes como “terroristas” y acusar a civiles de crímenes que solo son aplicables a los soldados, la administración de Maduro está convirtiendo la crisis política en un conflicto violento, “cuando debería estar escuchando las preocupaciones legítimas de la gente y trabajando para encontrar soluciones”.
Durante las últimas semanas, las fuerzas de seguridad han utilizado fuerza excesiva para evitar que manifestaciones pacíficas se lleven a cabo. Personas que viven en áreas residenciales, y que no toman parte en las manifestaciones, también han reportado ser víctimas de ataques indiscriminados con gas lacrimógeno.
La comunidad de La Isabelica, Carabobo, es un ejemplo notable del alcance del uso indiscriminado de la violencia contra las personas que no participan en la reciente ola de protestas. Amnistía ha recibido reportes directos de disparos al azar a transeúntes, gas lacrimógeno disparado directamente hacia casas y un miedo generalizado de reportar estos incidentes a las autoridades.
La situación ha sido particularmente grave en los estados de Carabobo, Lara, Barinas y el estado fronterizo de Táchira, donde más de 600 soldados han sido desplegados para responder a manifestaciones pacíficas.
“Desplegar fuerzas militares para contener manifestaciones y perseguir manifestantes en cortes militares son formas infalibles e ilegales de escalar aún más esta crisis. Por el contrario, las autoridades deben retirar urgentemente al personal militar de las manifestaciones, investigar las diversas violaciones a los derechos humanos reportadas en las semanas recientes y asegurar que las personas puedan protestar sin temor a ser lastimadas o asesinadas”.
Grupos de civiles armados –algunos de ellos presuntamente apoyados por el gobierno- han sido también reportados por haber agredido manifestantes y a cualquiera que proteste en contra de la administración de Maduro. Estos reportes son particularmente preocupantes, teniendo en cuenta la activación del gobierno del Plan Zamora, un programa gubernamental que aparentemente moviliza el uso conjunto de fuerzas civiles y militares para confrontar la crisis que se apodera del país.
Las autoridades no han publicado todos los detalles del plan, pero la referencia a la movilización de civiles junto con las fuerzas de seguridad del Estado es muy preocupante en el contexto actual de creciente violencia y tensión, agrega Amnistía Internacional.
