Denunció el caso de los 14 funcionarios de la policía de Chacao detenidos en el Sebin quienes ya tienen boleta de excarcelación desde el mes de enero y las autoridades se han negado a acatar la orden dictada por el Tribunal

Redacción

El Diputado ante la Asamblea Nacional, Alfonso Marquina, aseguró que los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar (Sebin), actúan peor a la Seguridad Nacional de Marcos Pérez Jiménez, que era dirigida por Pedro Estrada, considerando que violan descaradamente los derechos humanos de todos los venezolanos al prohibir a los familiares conocer el estado actual de las personas detenidas en ese organismo.

El Parlamentario acudió a la sede del Sebin en Caracas en compañía de la también Diputada Dinorah Figuera y un grupo de familiares de Wilmer Azuaje, detenido desde hace mas de 50 días y de quien hasta la fecha no se conoce su paradero y estado de salud.

Marquina agrego que lo ocurrido con el Diputado Azuaje es una clara violación a los derechos humanos "Creemos que se está vulnerando el derecho a la defensa, desconocemos cual es su estatus actual debido a que no se ha presentando ante un tribunal, por lo que no sabemos si está detenido o secuestrado", manifestó el Parlamentario.

Agrego que los familiares no han podido tener comunicación con el detenido, por lo que exigen una fe de vida que confirme su estado de salud.

El Diputado también denunció el caso de los 14 funcionarios de la policía de Chacao detenidos en el Sebin quienes ya tienen boleta de excarcelación desde el mes de enero y las autoridades se han negado a acatar la orden dictada por el Tribunal "El Sebin en franco desacato no ha permitido que estos venezolanos gocen de la libertad plena tal como fue acordado", aseveró Marquina.

Informó que desde la Asamblea Nacional ejercerán todas las atribuciones posibles para dejar constancia de "la clara violación cometida por estos generales políticos del gobierno de Nicolás Maduro", Marquina adelantó que acudirán a instancias internacionales a denunciar estas irregularidades que atentan contra el estado de derecho y la libertad de los venezolanos.