Los Magistrados Danilo Mujica Montalvo y Marisela Godoy se convirtieron en los dos primeros integrantes del máximo tribunal en cuestionar de forma abierta la convocatoria

Redacción, con información de El Nuevo Herald

El periodista Antonio María Delgado realizó completo análisis para El Nuevo Herald de los eventos relacionados con la ruptura de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se evidencia que la fractura de los factores internos del chavismo, se hace cada vez mas evidente.

Nota completa:

En una nueva señal de que no todos los integrantes del chavismo acompañan al gobernante Nicolás Maduro en su convocatoria a un Asamblea Constituyente, dos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia instaron al líder del régimen bolivariano a abandonar la medida.

“Señor Presidente, reflexiónelo bien. Las tumbas de nuestra juventud circundan a Venezuela. Basta ya de pérdidas de más vidas inocentes. La historia no nos perdonará, a quienes no actuemos en función del interés nacional”, manifestó el magistrado Danilo Mojica Monsalvo en una carta dirigida a Maduro divulgada el martes.

La crisis venezolana “no se puede solucionar con la referida Constituyente y tampoco con medidas de represión policial, ni militar a las manifestaciones en las calles”, agregó el magistrado, integrante de la Sala de Casación Social.

El pronunciamiento Mojica Monsalvo se produce en medio de un creciente número de voces que se han manifestado en contra de la propuesta de Maduro, vista por una mayoría de venezolanos como un peligroso e inconstitucional intento por mantenerse a la fuerza en el poder.

Horas después, una segunda magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, la jueza Marisela Godoy, se sumó a la postura que expresó horas antes su colega y se convirtieron en los dos primeros integrantes del máximo tribunal en cuestionar de forma abierta la convocatoria de Maduro a la Asamblea.

Godoy señaló en una entrevista en una emisora local que el proceso constituyente no es la solución a la crisis que enfrenta el país, y dijo, al recordar una frase del fallecido presidente Hugo Chávez, que para hacerle cambios a la constitución había que consultar al pueblo. “No entiendo cuál es el criterio para que un grupo minúsculo, que no representa al país, que puedan lograr llegar a esas instancias, que acaben con la soberanía popular”, agregó.

Previamente, la fiscal general Luisa Ortega Díaz había manifestado que la propuesta no era necesaria, ni conveniente, advirtiendo que “lejos de de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre habida cuenta del riesgo y desconfianza que se produciría”.

Ortega, Mojica Monsalvo y Godoy expresaron su rechazo al proyecto pese a los vínculos que mantienen con el chavismo, pasando así al bando de una inmensa mayoría de venezolanos que considera que la propuesta es inconveniente.

Según una encuesta de la firma Datincorp dada a conocer el martes, el 73 por ciento de la población venezolana está en contra de la Asamblea Constituyente, medida que sólo cuenta con el respaldo del 21 por ciento de la población.

La propuesta es rechazada por un 97 por ciento de las personas que se consideran opositoras y un 81 por ciento de los que dicen ser independientes.

Pese a las críticas, Maduro dio señales el martes su disposición a seguir adelante con su iniciativa y firmó un decreto para elegir a los 540 representantes que estarán a cargo de redactar una nueva constitución.

Según el gobernante, los representantes serán elegidos simultáneamente a través del “voto universal” y a través de nominaciones sectoriales.

Pero los críticos han advertido que la fórmula para escoger a los representantes anunciada por Maduro básicamente significa que el régimen los estaría escogiendo a dedo, con lo cual pasaría a redactar una nueva constitución a sus anchas.

En su carta, Mojica Monsalvo señaló que Venezuela se encuentra en “un momento de grandes decisiones” y que la obligación de Maduro es “llevar a cabo el consenso definitivo que requiere el país para unas elecciones inmediatas y constructivas para todos”.

Describiendo el proceso constituyente como un mecanismo de “democracia directa por antonomasia”, el magistrado criticó al gobierno por pretender dar inicio al proceso para un eventual cambio de Constitución sin antes consultar a los electores si están de acuerdo con esa iniciativa.

La Constituyente “sin la aprobación del pueblo compromete la soberanía popular y la aniquila”, por lo que la consideró como una apuesta de “alto riesgo” que pone en juego la estructura del Estado y la paz social.

La Asamblea Constituyente es vista como la jugada más radical adelantada hasta ahora por Maduro.

Analistas han advertido que la medida podría usarse para terminar de instaurar un régimen castrista en Venezuela, que pondría fin a los derechos civiles y a la propiedad privada.

La propuesta también causa alarma a la Iglesia católica venezolana.

“Los temas presentados por el Presidente de la República para apoyar su propuesta no apuntan a resolver los graves problemas que aquejan a los venezolanos, sino a prolongar la permanencia de su gobierno en el poder”, declaró la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado, pocos días después que Maduro anunciara sus intenciones.

“La propuesta […] resulta peligrosa para la democracia venezolana, para el desarrollo humano integral y para la paz social, pues el objetivo fundamental es ‘constitucionalizar el Estado Comunal’", agregó.

La iniciativa impondría a espaldas de la sociedad venezolana la fracasada reforma constitucional del 2007, que fue rechazada en un Referendo Consultivo ese mismo año, e instauraría formalmente en el país un “sistema totalitario, militarista, policial, violento y represor”, dijeron los obispos.