Francisco Abad dirigente regional de Alianza Bravo Pueblo deploró el asesinato del joven Jairo Ortíz a manos de efectivos de la GNB, así como la irrupción de cuerpos de seguridad en la Universidad de Carabobo, violando la autonomía de ese recinto

Niurka Franco

El Gobierno no puede abolir la protesta pacífica porque es un derecho constitucional que permite a las personas manifestar su desacuerdo con acciones y decisiones del Estado, especifica en un comunicado la dirigencia del partido Alianza Bravo Pueblo Anzoátegui, encabezada por el abogado y especialista en Derecho Constitucional, Francisco Abad.

El dirigente político afirma que esto está ocurriendo cuando se impide el libre tránsito de los ciudadanos, para que no puedan reunirse y protestar, como está sucediendo, con el cierre de vías públicas de acceso a la ciudad de Caracas, el cierre de las estaciones del Metro o el limitar a los manifestantes para que no puedan acceder a instituciones contra cuyas acciones o decisiones son motivo de protesta por parte de la gente como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo Nacional Electoral (CNE), Defensoría del Pueblo, etc.

Deploran en el documento citado el asesinato del Joven Jairo Ortiz (19), supuestamente a manos de efectivos de la GNB, quienes son los llamados a salvaguardar la vida de la población, independientemente de su tendencia ideológica.

Condenan por inadmisible el uso indiscriminado de la fuerza, de sustancias tóxicas y más aún de armas de fuego, en manifestaciones pacíficas. “Desde ABP Anzoátegui condenamos categórica y rotundamente la brutal represión de que están siendo víctimas los venezolanos en el ejercicio de su derecho”.

ABP se pronunció por el cese de la represión por parte de la FANB y demás cuerpos de seguridad contra el pueblo. Además exigimos la destitución y juicio de los 7 delincuentes que aún permanecen en el TSJ como si no hubieran hecho nada, mientras los presos políticos permanecen en la cárcel por lo que pedimos su libertad.

Otra de las demandas apunta hacia la convocatoria a elecciones regionales, vencidas y aplazadas por el CNE sin razón alguna, con lo cual también se ha incurrido en violación a la Constitución”.