El joven de 20 años de edad, falleció por recibir un disparo en el cuello, cuando "se encontraba en una manifestación en Valencia

Con información de Reuters

CARACAS.- Un joven murió por un disparo en Venezuela durante una manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro la noche del lunes, informó la Fiscalía en un comunicado, elevando a dos el número de fallecidos tras una nueva ola de protestas callejeras en la nación sudamericana.

El lunes miles se movilizaron en varias ciudades del país en la quinta jornada de protestas que la oposición convoca para reclamar contra lo que consideran una dictadura del gobierno socialista..

Otro joven de 19 años, el estudiante universitario Jairo Ortiz, murió de un disparo el jueves hecho por un efectivo de la Guardia Nacional cuando protestaba en las afueras de la capital, en los Altos Mirandinos.

La Fiscalía informó el martes que Daniel Alejandro Queliz Araca, de 20 años de edad, falleció por recibir un disparo en el cuello, cuando "se encontraba en una manifestación frente al conjunto residencial Los Parques", en la ciudad de Valencia.

El organismo, que dijo estar investigando la muerte del joven, precisó que al lugar "se presentaron funcionarios de la policía del estado Carabobo" y "durante la situación", Queliz resultó herido de muerte.

En las recientes movilizaciones, efectivos de las fuerzas de seguridad han impedido el paso de los manifestantes hacia la sede de los poderes públicos e intentado dispersar rápidamente las protestas con piquetes y gases lacrimógenos.

A raíz de los últimos choques entre opositores y cuerpos de seguridad, organizaciones como Unicef en Venezuela llamaron el martes "al respeto a los centros de salud y otros lugares de atención de niños y otros grupos vulnerables" a través de Twitter.

Un grupo de diputados de la oposición se movilizó a primera hora el martes a la sede de la Guardia Nacional, unidad militar encargada de mantener el orden público, para exigir su derecho a la protesta y que cese la "represión" contra los manifestantes.

El reclamo se produjo una vez que algunos legisladores denunciaron que los uniformados lanzaron bombas lacrimógenas desde helicópteros y que los gases afectaron centros de salud en la última jornada.