“Estamos en presencia de una Sala Constitucional que erradica por completo el derecho democrático y se erige como el brazo ejecutor del proyecto político dictatorial del régimen”

Redacción

El diputado de la Asamblea Nacional, Williams Dávila, aseguró que el único objetivo de las recientes sentencias publicadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), es eliminar al Poder legislativo usurpando sus funciones y atacar a la soberanía popular.

“Estamos en presencia de una Sala Constitucional que erradica por completo el derecho democrático y se erige como el brazo ejecutor del proyecto político dictatorial del régimen”, indicó el también presidente de la Comisión Internacional de Parlasur.

Dávila afirmó que la AN está “vivita y coleando” y que los diputados continuarán luchando, más que nunca, para rescatar la República que está siendo vapuleada porla sentencia que emitió este miércoles el TSJ, en la cual asume por completo o a través del órgano que ella disponga, las competencias del parlamento mientras persista en desacato.

En dicho dictamen, , también se autoriza al Ejecutivo para que constituya empresas mixtas, lo cual Dávila describe como una “privatización autoritaria y corrupta” de las compañías estatales, algo que tanto criticaba Hugo Chávez a la cuarta República.

“La realidad es que acceden a la creación de empresas mixtas, sin el permiso de la Asamblea Nacional, con el fin de facilitar que el Arco Minero y otros recursos naturales estén controlados por empresas transnacionales”, apuntó.

Por otro lado, recordó que los diputados no se dejarán intimidar por el fallo que presentó este martes el TSJ, el cual reduce al mínimo la inmunidad parlamentaria. “La Unidad se fortalece en la calle y en la lucha”, dijo.

Explicó que la Mesa de la Unidad Democrática cuenta con los siguientes frentes:

Un frente político desarrollado por la validación de las organizaciones.
Un frente internacional que cuenta con sus propias leyes porque existe una comunidad hemisférica que desenmascaró a este proyecto antidemocrático de Maduro.
Un frente social que no responde a ningún partido o lineamiento; el pueblo venezolano que está reclamando comida, medicinas y seguridad.

Aseveró que la Asamblea Nacional cumple un rol fundamental dentro de esta estrategia porque ese ente debe luchar en conjunto con los venezolanos.

Consideró que el TSJ usurpa funciones del poder Ejecutivo al ordenarle a Nicolás Maduro medidas políticas, internacionales y penales. Al mismo tiempo, comete la arbitrariedad de legislar y atacar a la soberanía popular a través de sus diputados.

Señaló que estos decretos son crímenes de lesa humanidad: Se trata de la judicialización del máximo Tribunal para perseguir a la disidencia y acabar con la pluralidad política de Venezuela. Sin embargo, dijo, dichas sentencias son políticas y no resisten un determinado estudio jurídico Constitucional. “Son expresiones de un poder inconstitucional que solo quiere legalizar una dictadura política y judicial en Venezuela”, acotó.

Por último, manifestó que tras estas medidas se debe continuar defendiendo al ente unicameral como el mecanismo de control en la protección de los valores y principios de la democracia y de los recursos naturales del país.