El presidente de Fedecamaras Anzoátegui, Héctor Luna, asegura que la nueva arremetida oficial es parte de lo previsto en el plan de la patria que a su juicio busca quebrar toda iniciativa privada

Niurka Franco

El dirigente empresarial afirma que ya no le sorprende ninguna acción del Ejecutivo Nacional, porque según advierte, todas las medidas que apunten hacia la destrucción del aparato productivo serán aplicadas sin remordimiento, ello es parte del plan diseñado para que cada vez la población dependa más del Estado.

Luna recuerda que cualquier cosa que se diga para justificar la intervención de las panaderías será banal, porque los dueños de estos establecimientos no controlan la adquisición de divisas para importar la materia prima para la producción del pan (harina).

“Quien tiene el monopolio de los dólares en el país es el gobierno. Son ellos quienes pueden comprar y asignar divisas a uno u otro sector. Las panaderías reciben la materia prima que el gobierno tiene a bien entregarles a través de unos cupos limitados”.

Con esto de la intervención a las panaderías que no produzcan pan como elemento principal, siguiendo una ecuación 90/10 o lo que es lo mismo 90% pan y 10% otras preparaciones, el presidente de Fedecamaras dijo estar convencido de que es otro show para generar zozobra, no solo entre los comerciantes, sino en toda la población.

Detalla que desde el pasado mes de diciembre, los productores de pan han advertido que no han estado recibiendo harina con regularidad, de ahí que la producción de pan se haya reducido a su mínima expresión.

“Ellos exigen que exista pan en la panadería durante todo el día e incluso ordenan que sea vendido un determinado tipo del producto, pero no toman en cuenta que el pan no es solo harina, hay otros ingredientes que también tienen un costo e incluso mucho de esos son comprados a dólar libre”.

El representante del ente empresarial en el estado, asegura que el gobierno ha fracasado en la adquisición y distribución de la harina, incumpliendo las cuotas que debían ser asignadas a cada panadería dependiendo de su capacidad de producción y ahora pretende responsabilizar a sus propietarios por la falta de pan.