En el juicio también se planteó un tema muy sensible para los venezolanos como lo es el de la estabilidad en los cargos del personal contratado

Redacción

Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, confía en que será favorable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el juicio que se sigue al Estado venezolano por haberla despedido de sus cargos, a ella y a otras dos ciudadanas, por la aplicación de la denominada “lista Tascón”.

“Una sentencia favorable en este caso va a ayudar a todos los discriminados políticos en Venezuela”, aseguró San Miguel, quien anoche regresó de Costa Rica, donde está la sede de la Corte IDH, al programa La Fuerza es la Unión.

San Miguel informó que junto a Magally Chang y Thais Peña fueron despedidas por José Vicente Rangel, en marzo de 2004, del Consejo Nacional de Fronteras, un organismo público en el cual laboraban, luego de haberse hecho público, a través de la divulgación de la ‘lista Tascón’, que ellas, al igual que millones de venezolanos, habían firmado a favor de la convocatoria del referendo para revocar el mandato al entonces presidente Hugo Chávez.

“Poder dar mi testimonio ante un tribunal con jueces independientes, es una experiencia en sí misma reparadora. Es un caso muy sólido, aunque no lo haya sido para los jueces venezolanos, que siguieron las órdenes de Rangel, pero sí lo fue para los jueves de la Corte IDH. Tenemos la impresión de que habrá una sentencia favorable que podría estarse dictando en agosto de este mismo año”, señaló.

Agregó que en el juicio también se planteó un tema muy sensible para los venezolanos como lo es el de la estabilidad en los cargos del personal contratado. Refirió que los representantes del Estado venezolano en el juicio alegaron que por tratarse de personas contratadas, pueden ser despedidas en cualquier momento. “Pero los jueces se plantaron con preguntas muy importantes e incluso exigieron al Estado que, en el término de un mes, elabore una estadística para determinar cuántas personas contratadas existen actualmente en la administración pública venezolana”.

La también abogada explicó que obtener una jurisprudencia que de por probada que existe la discriminación política en Venezuela “va a ayudar a todas las víctimas de discriminación política, porque ya no tendrán que demostrar en un juicio que esto ocurrió en Venezuela, sino que a partir de este hecho probado, dictado por la Corte IDH, podrán entonces adelantar su proceso individual”.

San Miguel recordó que las violaciones a los derechos humanos no prescriben, lo que quiere decir que a pesar del tiempo que haya podido haber transcurrido, se trate de personas que estén siendo discriminados en este momento o desde mucho antes, pueden activar la justicia, si desean hacerlo.

“Yo les diría a esas personas que documenten todo lo que puedan, desde la carta de despido que hayan podido tener, una relación de quiénes fueron sus jefes, una relación de cómo ocurrieron los hechos. Si deciden demandar en Venezuela, háganlo. Siempre hay que documentar. A veces esto no es posible porque es extenuante y las personas se agotan en los tribunales, pero es importante documentar porque permite preservar los aspectos fundamentales que rodearon el hecho”, recomendó.

“Nosotros hemos llegado con la convicción de que es necesario comenzar nuevamente a trabajar este caso en Venezuela, porque hay demasiadas victimas que están siendo discriminadas. Yo, en lo personal, he regresado con la convicción de que hay que ponerle un parado a este asunto del carnet de la patria.  Esto es una perversión lo que está ocurriendo en términos de recolección de data política de ciudadanos, la forma inescrupulosa, cínica, criminal en que lo está haciendo el gobierno”, señaló.