Braulio Merino: Gobierno debería poner el mismo ahínco para controlar la corrupción

"Es inaudito que en una economía que registró en 2016 su peor caída en los últimos años y una inflación récord que habría cerrado en 799,9%, el gobierno limite los margenes de ganancia de los comerciantes al 30%"

Nota de prensa

Ciudad Bolívar, 10 de febrero de 2017.- Tras rechazar el amedrentamiento que están sufriendo comerciantes de todo el país por parte de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), por las denuncias de supuesta “usura” y “sobreprecio” en el expendio de ciertos rubros de consumo masivo, el economista Braulio Merino llamó al gobierno a poner “el mismo ahínco para controlar los incontables casos de corrupción” en los cuales están involucrados funcionarios del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).

Merino, quien es miembro de la dirección regional de Primero Justicia en el estado Bolívar, se manifestó indignado por las visitas “sorpresa” que funcionarios de la Sundde están haciendo a panaderías, supermercados, abastos y otros expendios de productos de primera necesidad, atendiendo supuestas “denuncias” de consumidores que reportan sobreprecios en los artículos.

“Es inaudito que en una economía que registró en 2016 su peor caída en los últimos años, con una contracción del 18,6% y una inflación récord que habría cerrado en 799,9%, según reportes extraoficiales del Banco Central de Venezuela (BCV), el gobierno pretenda que los comerciantes obtengan márgenes de ganancia no superiores al 30%. ¿En qué cabeza cabe? ¿Quién trabaja a pérdida? Muchos de quienes están en funciones de gobierno tienen empresas pequeñas, medianas y grandes y saben lo que cuesta producir en una economía que atraviesa por la fase de estanflación (estancamiento con inflación)”, explicó el dirigente de la tolda amarilla.

Las panaderías, de hecho, han sido el foco de atención de la Sundde en los últimos días, toda vez que la escasez de trigo panadero ha paralizado la producción de uno de los alimentos más consumidos por los venezolanos después de la desaparición de la harina de maíz precocida. No obstante, el vocero recordó que actualmente el único importador de harina de trigo (tanto para la elaboración de pastas como de pan), es el gobierno central.

“En todos lados hay una macolla, un guiso. Un grupo de funcionarios del gobierno está haciendo tremendo negocio con la importación de alimentos. Aquí están jugando con el hambre de los venezolanos y a ellos eso no les interesa, porque se han dado cuenta que pueden controlar a toda la población a través del hambre. De allí que no les interesa para nada incentivar la producción nacional”, agregó.

El problema radica en que todas las importaciones de alimentos se hacen a dólares preferenciales (Bs.10 por cada dólar), y luego venden los productos en Venezuela a precios exorbitantes como si hubiesen tenido que recurrir al mercado paralelo.

“Vemos el negoción que hay con las importaciones de trigo, con las importaciones de alimentos que se están distribuyendo a través de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), todos producidos en el extranjero. Estamos generando empleo en otros países y aquí destruimos todo el aparato productivo. ¿Por qué el gobierno no pone el mismo ahínco para investigar esta trama que armaron los gobernadores de estados como Zulia, Táchira y Bolívar, todos del Psuv, con el pretexto de la emergencia económica? A ellos les dieron dólares preferenciales y venden a precios de bachaqueros. ¿Por qué no investigan a Freddy Bernal, coordinador nacional de los Clap, para que informe por qué si importan a divisas preferenciales, venden los alimentos al “pueblo” a sobreprecios? Allí sí que no aparece la Sundde”.

Asimismo agregó casos no investigados e ignorados por el propio gobierno como Cadivi, Cencoex, Pdvsa, Fonden, Fondo Miranda, Fondo Chino, Odebrecht, Panamá Papers, bancos HBC y de Andorra, entre otros tantos.

El dirigente de la tolda amarilla en Ciudad Bolívar concluyó insistiendo en el hecho de que todo funcionario gubernamental está “obligado por ley” a informar sobre cada uno de sus actos. “Los funcionarios públicos se deben a los ciudadanos y como tal deben rendir cuentas. No podemos seguir conformándonos con tan poco, con migajas. Ellos son muy pocos y nosotros somos mayoría. Exigimos que todas las gestiones puedan ser auditadas para dar con los responsables del mayor despilfarro de toda nuestra historia”.