Fundepro: En 18 años el régimen ha sumado más de 10 mil presos políticos
La directora ejecutiva de la Fundepro, Jackelyn Sandoval exigió al régimen de Nicolás Maduro, que deje de utilizar el terrorismo que emplea desde el año 2000
Redacción
Jackelyn Sandoval, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), aseguró que a lo largo de 18 años se han registrado más de 10 mil presos políticos en Venezuela, de los cuales 382 personas permanecen tras las rejas.
Tal cifra global impulsó a esta organización a elaborar listas a partir del año 2004-2005, con el propósito de hacer verídica la defensa de los casos de quienes fueron privados de libertad por no estar de acuerdo con las políticas ejecutadas por el régimen.
Sandoval explicó, que son ocho organizaciones no gubernamentales (ONGs) que han venido trabajando en conjunto, con la finalidad de obtener justicia para cada uno de los detenidos de conciencia. Sin embargo, sostuvo que “no podemos hablar de un número determinado cuando es variable la cantidad de presos políticos".
“Se hace estudio de cada uno de los presos políticos, tenemos: 47 condenados, 24 políticos de profesión entre los detenidos, hay 78 con arrestos domiciliarios, si salen 2 entran 10. Aunado a esto, tenemos 16 boletas de excarcelación sin ejecutar, y 37 son casos en los que se encuentran en un estado de salud muy grave", así lo indicó la directora ejecutiva de Fundepro.
Asimismo, hizo mención de los representantes legales de los presos políticos en la mesa de negociación que se ha realizado en dos oportunidades en República Dominicana: la abogada Ana Leonor Acosta, y Alonso Medina, director del Foro Penal Venezolano (FPV), los cuales se han encargado de exigir la liberación de 114 detenidos de conciencia.
En este sentido, Jackelyn Sandoval exigió al régimen de Nicolás Maduro, que “deje de utilizar este terrorismo que emplea desde el año 2000 con los presos políticos” y le otorgue la libertad a cada uno de ellos, porque “nunca los han imputado por delitos políticos, sino por delitos comunes y ordinarios. Se van por lo más alto para tener la privativa de libertad asegurada”.
Aclaró que no solo el Gobierno Nacional ha impedido que un preso político obtenga su libertad, sino que también las administraciones regionales practican la misma acción.
Por su parte, la directora de la ONG Justicia y Proceso Venezuela, Theresly Malavé, resaltó, que se ha visualizado “el gran número de personas perjudicadas por ser disidentes, estar preso en Venezuela significa también poner en riesgo la vida. (…) Las listas empiezan desde 2004-2005, comenzó con el caso de los funcionarios de la Policía Metropolitana de Caracas. Nos dimos cuenta de que todas las apelaciones y amparos no existían, y es allí donde nacieron las listas en las páginas de Fundepro”.
De igual modo, Malavé solicitó la liberación inmediata de cada uno de los presos de conciencia, ante la arbitrariedad con la cual se utiliza la justicia para condenar a quien disiente de este modelo político.
“El Fiscal está siendo cada vez más peligroso y ni siquiera lo disimula. Pedimos para los presos políticos que están penados, que se les otorgue indulto; los jueces no se apegan a las leyes, porque tiene miedo, sufren del síndrome Afiuni; pedimos que se le otorgue la libertad en estas navidades a los presos políticos; en los juzgados no tienen ni papel; el Gobierno le da poco valor a la justicia, y la justicia es solo un brazo ejecutor de los designios del Ejecutivo Nacional para condenar al que considere disidente”, señaló.
La abogada Malavé resaltó, que todavía hay muchos casos de este estilo que no están registrado en las listas que contabilizan las ONGs que se encargan de defender a los detenidos políticos, porque las personas sienten temor a enfrentarse a este régimen. “Con este sistema de justicia nunca va terminar el tema de los presos políticos, no hay autonomía del poder judicial”.
"Hemos solicitado al gobierno en la mesa de negociación, que libere a todos los presos políticos, se requiere cambio de Gobierno, y de modelo a través de la vía electoral, esto pasa en todos los sectores del país”, finalizó la jurista Ana Leonor Acosta.
