No sorprende la decisión del sub comité de la ONU en virtud de la indiferencia mostrada por parte de la Defensoría del Pueblo, en los casos de violaciones de los Derechos Humanos

Evely Orta

Aunque no se ha emitido una decisión oficial por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la diputada Delsa Solórzano afirmó este martes que Defensoría del Pueblo será degradada por no haberse pronunciado por las presuntas violaciones de Derechos Humanos realizadas por el Gobierno en contra de los denominados presos políticos.

Solórzano destacó que la decisión del subcomité de acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es degradar la Defensoría del Pueblo venezolana a “clase b”.

La parlamentaria aseguró no sorprenderle la decisión del sub comité de la ONU en virtud de la indiferencia mostrada por parte de la Defensoría del Pueblo, en los casos de violaciones de los Derechos Humanos tanto en la gestión de Gabriela Ramírez como en la Tarek William Saab.

“Lo vimos en primer término, con los torturados y presos a consecuencia de las manifestaciones pacíficas que hubo en el año 2014 en Venezuela, donde incluso hubo varios casos certificados por la ONU como violación de Derechos Humanos. La Defensoría, a pesar de haber recibido denuncias de estos casos, nunca las tramitó”.

Igualmente indicó que la cifra de presos políticos actualmente es de 129 personas, número que cambia diariamente aseguró, porque todos los días se producen nuevas detenciones alrededor del país, sin justificación alguna, simplemente por disentir de este gobierno y su proyecto político fracasado.

“Este tipo de organismo debe tener como prioridad la protección de los Derechos Humanos. Es por esto que desde hace 2 años ha habido movimiento por parte de las distintas ONG’s denunciando la inactividad de la Defensoría sobre este tema”.

En cuanto a las consecuencias para Venezuela de completarse la degradación del organismo, la presidenta de la Comisión de Política Interior de la AN explicó que “no hay directas consecuencias para los venezolanos. Las consecuencias son para la Defensoría del Pueblo porque perderemos el voto en el Consejo de Derechos Humanos”.

“Además, de producirse la degradación, cuando se tenga una Defensoría del Pueblo real y sensata, costará muchísimo recuperar el voto que este gobierno se encargó de perder”, concluyó.