El diálogo debe hacerse para reconciliar a los venezolanos. El diálogo debe hacerse desde el respeto a la Constitución, a los derechos y obligaciones establecidos en ella. Eso no es objeto de canje y por eso no es negociable

Redacción

Venezuela vive una triple crisis que divide y enfrenta al país y exige respuestas urgentes. Los desafíos son de tal magnitud que no admiten espera y, por eso, nadie puede plantear un "diálogo" para ganar un tiempo que los venezolanos no tienen agobiados por esta crisis.

En su columna de opinión, publicada por la Web de El País, Felipe González, asegura que el diálogo debe hacerse para pactar salidas a la crisis. El diálogo debe hacerse para reconciliar a los venezolanos. El diálogo debe hacerse desde el respeto a la Constitución, a los derechos y obligaciones establecidos en ella. Eso no es objeto de canje y por eso no es negociable.

La crisis es institucional, socioeconómica y de seguridad ciudadana. Y lo primero que tienen que acordar las partes son los temas de la agenda, así como la composición de la mediación. La crisis institucional lo condiciona todo, impide las salidas democráticas y encrespa la relación entre las fuerzas políticas, los actores sociales y económicos y el conjunto de la ciudadanía.

Esta crisis está motivada por la anulación del papel constitucional de la nueva Asamblea Nacional con mayoría abrumadora desde el 6 de diciembre del año pasado. Durante el mes que transcurrió entre ese día y el 5 de enero de 2016, que toma posesión, la Asamblea saliente cambió el Tribunal Supremo y la Corte Constitucional para producir una composición obediente al poder ejecutivo y anular así las decisiones de la nueva mayoría parlamentaria.

Al mismo tiempo la Presidencia de la República promulgó leyes con el "poder habilitante" de la Asamblea saliente que han restado competencias constitucionales a la nueva Asamblea. Cuando asumió la nueva mayoría nacida de la voluntad soberana de los ciudadanos, no ha podido ejercer sus facultades de control del poder ejecutivo, ni sus facultades legislativas. La Corte Constitucional ha secado literalmente la actuación de la Asamblea Nacional, declarando "inconstitucionales" más del 90% de sus decisiones.

Entre las muchas leyes anuladas está la Ley de Amnistía, que habría resuelto el problema de los presos políticos, de los exiliados y represaliados. La democracia no es compatible con presos políticos y exiliados. Asimismo, la Presidencia de la República ha declarado la emergencia económica —prorrogada después dos veces y añadiéndole estado de excepción— saltándose las competencias de la Asamblea Nacional, con la complicidad obsecuente de la Corte Constitucional.

O sea, vivimos la paradoja de que es la oposición la que está pidiendo al Poder Ejecutivo que se respete y aplique la Constitución vigente promulgada por el régimen actual. Por el contrario el Poder Ejecutivo, el Tribunal Supremo y otras instituciones del Estado como el CNE, obedientes a los mandatos de aquél, violentan la Constitución e impiden que funcione la división de poderes fundamental para el equilibrio democrático y la solución de los desafíos que enfrenta Venezuela.