Corrupción y estatizaciones generan la crisis alimentaria en Venezuela
Documentos oficiales que datan de 2011 y 2012 dan cuenta de la cantidad de irregularidades que derivaron en la crisis humanitaria por la que hoy atraviesa el país
Con información de ABC.es
El diario español ABC reseñó en trabajo de investigación sobre la crisis alimentaria en Venezuela, que mantiene a miles de venezolanos en colas para comprar alimentos.
La escasez alimentaria que sufre Venezuela no solo es consecuencia de los bajos precios del petróleo, que reducen el presupuesto del Estado para la compra de comida, sino también resultado de años de alta corrupción y excesivo estatismo. Nuevos documentos oficiales obtenidos por ABC muestran la incapacidad del Gobierno chavista, ya en 2011 y 2012, para cubrir las necesidades de alimentación de los venezolanos, problema que luego se agravaría.
El Gobierno tuvo que destruir en agosto de 2011 más de dos millones de litros de leche, transportados en 73 contenedores, por haberlos comprado cuando ya estaban próximos a su fecha de caducidad. Así consta en un balance realizado ese año sobre los acuerdos de cooperación con Ecuador, país al que la Corporación de Abastecimientos y Servicios Agrícolas (CASA), entidad estatal venezolana, compraba leche UHT. «Hay gran preocupación por esta operación», se indica en el informe, «ya que al momento de la adquisición el rubro contaba con una fecha de vencimiento bastante próxima, ocasionando que se encontraban en puerto aproximadamente 73 contenedores con leche en mal estado en Puerto Cabello». Por ello se acordó destruir el cargamento «para evitar así la contaminación de otros productos» que había en el puerto. «La Corporación CASA tendrá que asumir gatos extras (estadía en patio, traslado y destrucción del producto) los cuales serán de una cuantía importante», se precisa.
Otro punto de ese informe revela que Venezuela estaba comprando cebollas a Ecuador con un notable sobreprecio. «Según facturas proporcionadas por Ecuador, Venezuela estaría comprando el saco de cebolla a 100 dólares el saco, cuando el precio justo son 30 dólares. Si bien estas transacciones son realizadas entre privados, las mismas son posibles por la autorización del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, a través del otorgamiento de los Certificados de No Producción (CNP); y de la posterior adquisición de dólares preferenciales mediante CADIVI». El informe añade que «este tipo de situaciones han revelado la existencia de ciertos vicios (sobreprecio de productos, ilícitos aduaneros y cambiarios) en la relación comercial con el Ecuador».
Además de las problemáticas adquisiciones en el exterior, la propia producción alimentaria del Estado ya manifestaba problemas al final de la era Chávez. En un informe presentado en mayo de 2012 al entonces presidente, su hermano Adán, gobernador de Barinas, lamenta que una planta procesadora de harina de maíz estuviera operando solo al 60 % de su capacidad. Eso era debido en parte a que una de las dos máquinas para el empaquetamiento se había trasladado a otra factoría, algo que llevó a Chávez a escribir un gran interrogante en el margen, preguntándose por el motivo de ese desvío.
De ese informe sobre la planta «La Veguita» llama la atención además el excesivo centralismo del sistema económico chavista, que obligaba a exponer al presidente detalles muy menores que aguardaban su estudio y autorización.