Oficialismo solicitó un amparo para anular el Revocatorio contra el presidente Maduro
Argumentan que la petición hecha por la MUD está “viciada de nulidad absoluta” por todas las irregularidades encontradas en el 1% de firmas entregadas en la primera etapa del proceso
Con información de Últimas Noticias
Sin hacer bulla aunque la oposición no descartó la posibilidad que el partido de gobierno realizara una jugada judicial para evadir el RR, la misma la concretó el abogado Luis Alberto Rodríguez, quien presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia una acción conjunta de amparo para que la petición del referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro sea anulada.
Rodríguez introdujo un recurso buscando una “medida cautelar” en contra de la posible activación de este proceso en del mandato de Maduro.
En este sentido el abogado argumentó que la petición hecha por la Mesa de la Unidad Democrática está “viciada de nulidad absoluta” por todas las irregularidades encontradas en el 1% de firmas entregadas en la primera etapa del proceso, hecho en el ha insistido el alcalde del municipio Libertador Jorge Rodríguez.
Insistió el jurista en que en este lote (1%) hay 10.199 firmas de personas que están fallecidas; 9.333 no cedulados y 1.335 ciudadanos inhabilitados.
“Las firmas fraudulentas y envenenadas se traduce en la nulidad absoluta de la solicitud de referendo, por el fraude a la Constitución”, dijo tras señalar que el referéndum revocatorio debe ser utilizado bajo la premisa de la responsabilidad política “y no como herramienta para acceder al poder y perturbar la paz de la nación”.
Luis Alberto Rodríguez solicitó al TSJ que suspenda, como medida cautelar, el acto de validación de firmas convocada por el CNE entre los días 20 y 24 de junio de 2016. Y además, que declare la nulidad absoluta de la solicitud del referéndum revocatorio.
Según el demandante sería “inoficioso” realizar un acto de validación de firmas mientras haya indicios de que se cometió un delito en la entrega de las mismas. “Deben ser investigadas por el Ministerio Público”, aseveró.