Lograr que los pobres de Venezuela sean dueños de sus viviendas, significaría dar un capital a personas que no lo tienen, algo que, a largo plazo, podría impulsar la movilidad social

Por Nicholas Casey y Patricia Torres para el New York Times

El diario norteamericano New York Times realizó un extenso análisis sobre los antecedentes y repercusiones del proyecto de Ley que otorga la propiedad a beneficiarios de la "Gran Misión Vivienda Venezuela", que ha desatado una polémica en el país por parte del gobierno nacional y que diputados de oposición impulsan desde la Asamblea Nacional.

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Veinte mil personas viven en Ciudad Miranda, bastión de concreto construido por Hugo Chávez. Él les otorgó las llaves y ellos le dieron sus votos.

Hubo algo que el expresidente prometió pero nunca les entregó: los títulos de propiedad que permitirían que sus simpatizantes pudieran vender estos inmuebles.

Ahora que los viejos adversarios de Chávez han asumido el control del Congreso en Venezuela, parece que adoptan y mejoran sus tácticas políticas. Quieren conceder las escrituras de cientos de miles de viviendas construidas por Chávez y su movimiento para ganar la lealtad de los más desfavorecidos en los próximos años.

La estrategia es tan ambiciosa como cualquiera de los planes socialistas orquestados por Chávez, pero tiene un giro contradictorio. Durante años, la oposición denunció a Chávez por usar las ganancias de la abundancia petrolera para financiar la construcción de viviendas; ellos argumentaban que era un ardid para comprar votos.

Ahora los nuevos líderes usan las mismas maniobras populistas que antes criticaban: evidencia de que no se ha acabado la práctica de ganarse la confianza de la gente mediante dádivas gubernamentales.

“La oposición está tratando de imitar los aspectos populistas del chavismo”, opinó Francisco Rodríguez, un economista de Bank of America Merrill Lynch.

Después de que tomaron el poder de la Asamblea Nacional por primera vez en 16 años, los opositores se deshicieron de todos los retratos del expresidente que había en el Capitolio, presentaron una propuesta de ley para liberar a los presos políticos y amenazaron con destituir al Presidente Nicolás Maduro, fiel sucesor de Chávez.

Sin embargo, la presión ejercida por el desastroso desempeño económico hace que los legisladores tomen medidas populistas. El Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación anual de 720 por ciento en Venezuela y la incontrolable escasez de comida hace que la gente haga filas durante horas frente a las tiendas. El precio del petróleo, el alma financiera del país, ha colapsado. Con Maduro en la presidencia, la legislatura no puede intervenir en la política económica.

Así que los diputados se han enfocado en los cientos de miles de casas que Chávez y sus seguidores construyeron. El asunto de quién controla los títulos de propiedad de las viviendas trasciende el hecho de que sean un regalo. Chávez, quien murió de cáncer en 2013, transformó los petrodólares en concreto e inició un experimento para que la población más vulnerable de Venezuela se mudara de los barrios a complejos habitacionales. Maduro ha seguido los pasos de su predecesor. De hecho, los gobiernos anteriores a Chávez trataron de obtener votantes a cambio de viviendas.

“Este asunto va al fondo del modelo económico que debería regir en Venezuela”, comentó David Smilde, un sociólogo de la Universidad de Tulane que vive en Caracas. “¿Son los ciudadanos quienes deberían decidir qué hacer con su propiedad o el gobierno debe tomar la decisión en última instancia?”.

Julio Borges, el legislador que presentó el proyecto de ley, argumenta que las casas pueden proporcionarle capital a los pobres y esto impulsará la actividad económica, lo que puede ayudar a reducir la crisis en Venezuela y lograr que las personas de escasos recursos decidan su destino.

“Las personas han sido tratadas como si fueran niños”, señaló Borges. “Con esta ley se puede vender y heredar, algo que ahora es imposible”. Los simpatizantes de Maduro ven cualquier propuesta de transferir los títulos como un truco sucio, un intento descarado de reclamar dinero por el vasto depósito de casas construidas como propiedad pública.

 “Le dimos a las personas una vivienda digna”, dijo Darío Vivas, un legislador del Partido Socialista Unido, al que pertenece Maduro. “Julio Borges y la oposición no han construido una sola casa”. Vivas argumentó que el gobierno ya había cumplido su promesa de entregar los títulos de propiedad, una postura que los izquierdistas sostienen. No obstante, varios expertos respondieron que si el gobierno alguna vez repartió escrituras, fue a muy pocos, por lo que la mayoría de los residentes no tienen títulos de propiedad.

Este mes, en un acalorado discurso durante su informe anual de gestión ante los legisladores, Maduro juró hacer lo que estuviera a su alcance para obstaculizar el trabajo de sus oponentes.“Tendrán que derrocarme para llevar al país a una ley de privatización”, declaró entre aplausos de sus simpatizantes.

En Ciudad Miranda, a una hora de Caracas, Coromoto Carmona mira a través de una ventana llena de barrotes. Esta mujer, de cuarenta años y desempleada, cuenta cómo consiguió su casa y explica que ahora se convirtió en un lugar donde se siente atrapada. Carmona perdió su primera vivienda en un deslizamiento de tierra sucedido en 1999 y pasó cinco años en los albergues del gobierno. En 2004 recibió una emocionante llamada del gobierno: tendría una reunión en la mansión presidencial, La Casona, donde Chávez le otorgaría una nueva casa.

Así fue que se mudó a un inmueble de dos habitaciones con nueve miembros de su familia. Pronto empezaron los problemas. Se dio cuenta que había pocas escuelas y establecimientos para comprar víveres; tampoco existían espacios públicos para los residentes. En la actualidad solo hay agua una vez a la semana y por cuatro horas.

El gobierno de Chávez le prometió, tanto a ella como a sus vecinos, otorgarle el título de propiedad de su vivienda. No obstante, Carmona solo recibió una hoja laminada que decía que tenía permiso para residir allí. Si decidiera irse, no es seguro que pueda encontrar otro lugar para vivir. “Es como estar en la cárcel”, dijo.

Franco Micucci, uno de los arquitectos que trabajó en el proyecto de Ciudad Miranda, comenta que los problemas sociales de este desarrollo urbano se replican en otros lugares y, al igual que el chavismo, serán un desafío para los nuevos líderes de Venezuela. Explicó que cuando se trazaron los planos originales estaban contemplados los espacios públicos y servicios como escuelas y tiendas para los residentes. Pero el gobierno solo construyó casas.

“No me sorprende que los habitantes quieran irse del lugar”, comentó. “Yo, como muchos otros arquitectos, fuimos optimistas”, pero al final “Ciudad Miranda es como ‘Ciudad de Dios’”, añadió, refiriéndose a la película brasileña que trata sobre los barrios inundados de drogas en Río de Janeiro.

Los residentes de Ciudad Miranda cuentan que el área está controlada por grupos armados, conocidos como colectivos, que son aliados del partido de Maduro. A pesar de perder la mayoría en la Asamblea Nacional, el movimiento político del presidente ganó en Ciudad Miranda.

Yoni Iriarte, un activista opositor de 26 años, contó que los miembros de los colectivos lo rodearon con sus motocicletas y lo amenazaron cuando hacía campaña para promover el voto. “Me dijeron: ‘El gobierno te va a quitar tu casa’”, relató. Otros residentes del vecindario, incluida Carmona, contaron que recibieron amenazas similares. Iriarte asegura que si le dan el título de su vivienda votaría con libertad.

“Si el gobierno no me chantajeara con quitarme la casa, podría votar por quien quisiera sin importar quién sea el presidente”, declaró.

Ricardo Hausmann, economista de Harvard que trabajó para el gobierno venezolano en la década de 1990, ve otros beneficios.

Al lograr que los pobres de Venezuela sean dueños de sus viviendas, los diputados le estarían dando un capital a personas que no lo tienen, algo que, a largo plazo, podría impulsar la movilidad social. “Tener derechos de propiedad significa que tienes un activo, estás empoderado”, dijo, refiriéndose a proyectos del pasado que hicieron lo mismo con la vivienda pública en Argentina. “Los efectos son enormes: ahorras, inviertes y mejoras tu casa”.

Rodríguez, del Bank of America, fue más cauteloso. Citó los planes de redistribución de tierras después de la revolución mexicana, cuando los campesinos recibieron los títulos de pequeñas parcelas y, en última instancia, la posibilidad de venderlas. Al final, los grandes propietarios compraron muchas de estas parcelas, algo que podría pasar con los apartamentos venezolanos, explicó. “Si permites que las personas vendan sin restricciones, puedes crear nuevos problemas”, señaló Rodríguez.

Marquesa Alcendra, de 68 años, quiere vender. Después de perder su casa en un derrumbe y pasar varios años en albergues temporales —incluso vivió durante un tiempo en la “Torre de David”, un rascacielos en construcción que estaba tomado por invasores—, recibió una casa en Ciudad Tiuna, un proyecto que Chávez construyó en una base militar de Caracas.

A primera vista los grandes edificios lucen idílicos: construcciones nuevas con apartamentos de dos habitaciones, elevador y áreas comunes. Afuera los residentes jugaban un partido de fútbol callejero con un grupo de obreros chinos contratados para trabajar en las nuevas construcciones.

Sin embargo, Alcendra explica que el único lugar para comprar comida es una tienda del mercado negro que vende los productos básicos a precios mucho más altos que los regulados por el gobierno. Ha instalado rejas en sus ventanas pues teme que alguien pueda robarle. Y aunque los soldados de la base vigilan la entrada al complejo, dice que le teme a sus vecinos. “Antes mi vida era mejor”, comentó.

No todos se sienten así. Los partidarios más leales de Chávez, que le profesan una veneración casi religiosa, tienen otra opinión.

“Salí de vivir en una pocilga en lo alto de una montaña donde tenía que subir 500 escalones y solo llegaba agua una vez al mes para estar aquí, donde lo tengo todo”, dijo Daniel Velázquez, un activista que presume su casa construida en el proyecto de vivienda gubernamental de Bellas Artes, la zona de museos en el centro de Caracas.

Su esposa, Ana, preparaba arepas en una cocina donde los sartenes colgaban de la pared en forma ordenada. A ella no le interesan los planes de la oposición para darle las escrituras de su casa. “Parece que están tratando de que nos olvidemos de Chávez”, expresó. “Por eso sacaron sus fotografías de la Asamblea Nacional. Pero no van a lograr que lo olvidemos. No pueden tumbar los centenares de edificios que construyó”.