​El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Anzoátegui, José Ramón de Los Ríos, estima que el sector tiene varios años en picada, con el agravante de que cada vez hay más incertidumbre y menos seguridad jurídica

Niurka Franco

Las condiciones en las que se encuentra Venezuela, difícilmente permiten ofrecer un balance positivo de algún sector, porque todas las áreas productivas del país se encuentran paralizadas y la inmobiliaria no es la excepción, según explica José Ramón de Los Ríos, presidente de la Cámara que en Amzoátegui, agrupa a los empresarios que aun quedan.

El dirigente gremial afirma que 2016 al igual que los años anteriores, cierra sin ningún motivo para celebrar, porque entre la elevada inflación, la escasez de materiales esenciales para la construcción, aunado a una gran inseguridad jurídica y económica, crean un panorama incierto y sin posibilidades de reactivación en el corto y mediano plazo.

Apunta que si a ese panorama se le suma la última decisión emanada de la Dirección General del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren), de prohibir trámites para compra venta de bienes muebles e inmuebles, se puede decir que 2016 cerrará en desplome total para los inmobiliarios.

Aunque según anuncios oficiales, la medida sólo aplica para los estados fronterizos, observa que en entidades como Nueva Esparta y otras no precisamente limítrofes, también se estaría impidiendo a las personas el poder negociar sus bienes a través de notarías y registros.

Coincide con el presidente del gremio a nivel nacional, Carlos Alberto González, quien recientemente afirmó que se trata de una decisión inconstitucional. “Un órgano administrativo, no puede estar por encima del Código Civil ni de la Ley del Notariado o del Registro Público, aunque se trate de una medida temporal” manifestó.

De Los Ríos dijo estar persuadido de que la decisión carece de lógica y que detrás del argumento oficial respecto al cambio del cono monetario y la supuesta lucha contra mafias, estaría otro motivo que no ha sido dado a conocer, en tanto que a su juicio, constituye un elemento adicional que golpea la deprimida economía venezolana.

Reitera que el sector inmobiliario es un importante dinamizador de la economía de cualquier país, no obstante, sostiene que en Venezuela

ha estado en caída libre por múltiples razones, entre ellas escasez de materiales, aunado a un marco jurídico desequilibrado y condiciones que menguan la confianza para invertir, sin dejar de lado la caída del poder adquisitivo e hiperinflación que ha convertido la posibilidad de comprar una vivienda, en un sueño inalcanzable, sobre todo para las familias jóvenes.