Las tres instituciones son unas cajas negras sobre las cuales no ha existido algún tipo de contraloría y cuyos recursos se han manejado a discreción de los funcionarios que han ocupado esas carteras a lo largo de 17 años

Nota de prensa

Ciudad Bolívar.- "La respuesta a la guerra económica de la que lleva hablando este gobierno desde hace tres años, está en la corrupción desatada en Petróleos de Venezuela, el Banco Central de Venezuela y el ministerio de Finanzas" y no en la empresa privada como insiste en señalar Nicolás Maduro.

La afirmación la hizo este lunes el miembro de la junta de dirección regional de Primero Justicia en el estado Bolívar Braulio Merino, quien aclaró que las tres instituciones son unas cajas negras sobre las cuales no ha existido algún tipo de contraloría y cuyos recursos se han manejado a discreción de los funcionarios públicos que han ocupado esas carteras a lo largo de 17 años.

Merino recordó las declaraciones hechas por ex ministros de Hugo Chávez como Jorge Giordani, quien llegó a manifestar que solamente Cadivi había otorgado en un año más de $25 mil millones a empresas de maletín durante la administración de Manuel Barroso, y Héctor Navarro, quien cifró el desfalco a la nación en $300 mil millones a través de diversos mecanismos de financiamiento implementados por el fallecido ex presidente como el Fonden, el Fondo Chino y el Fondo Miranda, entre otros.

Las investigaciones que adelanta la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional han estimado que el daño patrimonial de la nación está por el orden de $70 mil millones, según reveló el diputado de Primero Justicia Ismael García.

"Un grupo muy reducido de funcionarios como Manuel Barroso, Rafael Ramírez y Nelson Merentes, además de los Tesoreros Nacional y los ministros de Finanzas que han pasado, son los responsables del caos económico que estamos viviendo. Aquí han ingresado recursos por encima de los $1.2 billones que no se han traducido en beneficios para el país, por el contrario un porcentaje importante ha ido a parar a cuentas bancarias de los llamados boliburgueses, muchos de los cuales han sido identificados en el extranjero", tras investigaciones hechas por organismos internacionales.

De acuerdo con lo explicado por el economista de profesión, Pdvsa y Cadivi -posteriormente Simadi- han sido grandes antros de corrupción a raíz de la implementación del control de cambio en 2003. Los dólares preferenciales supuestamente destinados a la importación de alimentos, medicamentos, bienes y servicios de primera necesidad, han sido otorgados a un conjunto de empresas de maletín que destinaron esas divisas para otros fines. Pero igual situación ocurrió con las emisiones de bonos hechas por la estatal petrolera y otras emisiones de deuda de la nación.

Merino no duda en señalar que tarde o temprano los responsables de este desfalco tendrán que verse con la justicia. "¿Cómo se explica que miles de millones de dólares se fugaron del país en medio de un control de cambio que lleva 13 años? Se robaron el dinero de todos los venezolanos y tienen pasando hambre a por lo menos 80% de la población, pero además tienen a casi 30 millones de personas haciendo colas interminables para intentar adquirir los productos de primera necesidad. ¿Cómo avanza un país cuya gente pasa hasta 12 horas esperando para comprar un kilo de harina pan?", se preguntó. A esto se suman los niveles de malnutrición y desnutrición que han incrementado la tasa de mortalidad en neonatos, ancianos y personas con diversas discapacidades.

Merino insistió en que para acabar con la guerra económica fomentada desde el propio gobierno, hay que empezar por revocarlo. "Maduro y sus enchufados no quieren elecciones de ninguna naturaleza porque no les conviene ser investigados. Ellos son los únicos responsables de este caos, de la guerra económica, de la inflación, la escasez, el desabastecimiento, la miseria, el hambre y la muerte de tantos venezolanos a quienes se le violentan sus derechos elementales a diario". El dirigente justiciero concluyó señalando que con un nuevo gobierno podrán aplicarse las Leyes de Contraloría, contra la Corrupción y la de Repatriación de Capitales Malhabidos.