CEDICE advierte los riesgos de aprobar el Decreto de Emergencia Económica
Mediante un comunicado CEDICE alerta sobre los elementos que deben ser tomados en cuenta para estudiar los alcances del Decreto de Emergencia Económica emitido por el Ejecutivo Nacional
Evely Orta
El Observatorio de Derechos de Propiedad de CEDICE, en un esfuerzo por aportar sus sus estudios en materia económica detalla en su comunicado que desde hace 10 años lleva adelante el seguimiento, monitoreo, base de datos y análisis de todas las afectaciones a este derecho fundamental consagrado en la Constitución Nacional.
En el documento especifica dos elementos deben ser tomados en cuenta para analizar el Decreto de Estado de Emergencia Económica: la crisis económica de inconmensurables proporciones por la cual atraviesa el país, y la reconquista de los espacios de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática.
El gobierno argumenta el origen de la crisis económica que efectivamente vive Venezuela y que se gestó en las propias entrañas de la llamada revolución durante más de una década en la mal llamada Guerra Económica, y que según los voceros oficialistas esta se inició tras el fallecimiento del presidente de Hugo Chávez, e insisten en que esa “guerra” consiste en desestabilizar la economía del país, debilitar instituciones, apostar a la ruptura del hilo constitucional e inducir malestar social.
De tal manera que es previsible que el Gobierno de Nicolás Maduro jamás admitirá es que la inflación y la distorsión cambiaria son el resultado del modelo que han impuesto al país, caracterizado por la violación a las libertades económicas y la propiedad privada.
La ascendiente escasez que imposibilita al ciudadano a disponer y acceder libremente a bienes y servicios, salud y alimentación, es la consecuencia de la destrucción del aparato productivo del país.
Vale recordar que desde el mandato de Chávez sistemáticamente se ha expropiado empresas y destruido millones de puestos de trabajo. La mayoría de las zonas industriales del país que concentraban las medianas y grandes industrias, hoy son cementerios de galpones.; esta situación se repite en el campo, que luego de las expropiaciones, hoy sobrevive a duras penas.
Pese a la actual situación de la Asamblea Nacional, hoy con mayoría opositora, el gobierno pretende confiscar, torpedear las competencias de la AN apropiándose las funciones de la misma, a través de este Decreto de Emergencia Económica, que le permitiría hacer y deshacer obviando la Ley de presupuesto y asignar recursos extraordinarios a proyectos previstos o no; pasar por alto el régimen de contrataciones públicas y todos los procedimientos para la importación, nacionalización, tránsito de mercancías y trámites cambiarios; “requerir” los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, mataderos y demás establecimientos.
De tal manera que en esos 60 días las “supuestas medidas económicas” podrían devastar al país y fulminar las pocas empresas privadas aun productivas con fines “públicos”.
