El presidente Maduro decretó este viernes el estado de emergencia económica en Venezuela por los próximos 60 días, el mismo día en que el Banco Central publicó datos macroeconómicos por primera vez en más de un año

Con información de BBC Mundo

El gobierno de Nicolás Maduro decretó este viernes el estado de emergencia económica en Venezuela por los próximos 60 días.

Eso, el mismo día en que el Banco Central publicó datos macroeconómicos por primera vez en más de un año.

De acuerdo con esos datos, la inflación anualizada para octubre de 2015 fue de un 141,5% mientras que la acumulada para los primeros nueve meses del mismo año era de 108,7%.

Además, el Producto Interno Bruto se redujo en un 7,1% interanual en el tercer trimestre del año pasado.

Los venezolanos padecen una profunda crisis económica con el petróleo en su precio más bajo en más de una década, altísimos niveles de inflación y escasez.

El decreto dado a conocer esta viernes, publicado en la Gaceta Oficial, fue leído horas después por el nuevo ministro de Economía, Luis Salas, en una intervención televisada.

Los venezolanos tienen que hacer largas filas para conseguir bienes básicos.

La medida llegó horas antes de que el presidente Maduro presentara su rendición de cuentas anual ante la Asamblea Nacional, por primera vez dominada por la oposición en 17 años.

Precisamente el Parlamento de mayoría opositora tiene que aprobar la declaración de emergencia económica, pese a que en su articulado la norma señala que está vigente a partir de su publicación.

¿En qué consiste?

La Constitución de Venezuela prevé la posibilidad de que el gobierno decrete la emergencia económica "cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica de la Nación".

Según le explicó a BBC Mundo el abogado Juan Manuel Rafalli, se trata de una de las formas del estado de excepción.

"Lo que el presidente de la República está diciendo es que es necesario tomar medidas urgentes dentro de una suspensión de la normalidad constitucional", dijo.

La legislación venezolana establece que una vez declarado el estado de excepción se podrá limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad, tomar las medidas necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios y de los centros de producción.

Además, el gobierno podrá hacer gastos con cargo al tesoro público que no estén previstos en el presupuesto nacional.

El ministro de Economía, Luis Salas, divulgó el contenido de la declaración de emergencia.

De acuerdo con el texto del decreto, leído por el ministro Salas, entre el tipo de medidas que prevé adoptar el gobierno se incluyen:

• Disponer de recursos no ejecutados del presupuesto 2015 para pagar los costos de los programas sociales, financiar la recuperación de la inversión en infraestructura en el corto plazo y el abastecimiento de alimentos y productos esenciales.
• Asignar recursos extraordinarios a la administración públicapara ser usados en los sectores de salud, educación, alimento y vivienda.
• Aplicar medidas especiales para reducir la evasión fiscal.
• Modificar los procedimientos y requisitos para la importación de mercancía, así como los trámites cambiarios para garantizar la importación de bienes e insumos.
• Requerir a empresas del sector público o privado incrementar sus niveles de producción.
• Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad.

¿Qué pasa ahora?

La declaración de emergencia económica requiere de la aprobación de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional.

La declaración de estado de emergencia económica del gobierno de Maduro deberá contar con el visto bueno de la Asamblea Nacional, actualmente controlada por una mayoría de la oposición.

Aunque en Venezuela los decretos de declaración de los estados de excepción son equiparables a una ley y entran en vigencia en cuanto son dictados por el presidente en Consejo de Ministros, también están sometidos a control judicial y parlamentario.

La legislación venezolana establece que la Asamblea Nacional debe aprobar el decreto por mayoría absoluta de sus miembrosen el plazo de los ocho días siguientes a su declaración.

Según Rafalli, se trata de una forma de control posterior por lo que "lo lógico es que el gobierno no haga nada hasta obtener la aprobación del Legislativo y del Tribunal Supremo" para evitar aprobar normas que pueden ser luego desautorizadas.

El Parlamento también está facultado para modificar el contenido del decreto con una mayoría de tres quintas partes de sus miembros.

Venezuela sufre graves problemas de desabastecimiento de productos básicos.

Tanto el decreto del Ejecutivo como el aprobado por la Asamblea Nacional deberán ser revisados por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que verificará si están conformes con la Constitución.

Sin embargo, si el Parlamento desaprueba el decreto del Ejecutivo, el TSJ no realizará ningún tipo de declaración.

¿Qué consecuencias traerá?

El ministro Salas justificó la declaración de emergencia económica en el contexto de la llamada guerra económica a la que el gobierno de Maduro asegura que ha estado sometido.

Salas dijo que de esta forma se está dando un paso histórico para mejorar la situación de la economía.

El director de la consultora Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, considera que el decreto le otorga al presidente facultades muy amplias que le permiten tomar medidas como decretar expropiaciones hasta restringir el uso de efectivo, entre muchas otras.

En Venezuela, el precio de los productos está fijado por ley.

"Tal como está redactado el decreto no esperaría que las medidas que adopten sean las que necesita la economía venezolana, pues insisten en el tema de la guerra económica sin hablar del cambio de modelo económico que es lo que está fallando y lo que debe cambiarse", dijo Oliveros en conversación con BBC Mundo.

El experto considera que la declaración de emergencia económica responde más a una estrategia política con la que el gobierno buscaría blindarse ante un Parlamento que controla la oposición, ante el cual no quiere rendir cuentas y con el que buscaría confrontar.

Rafalli coincide con esta opinión y señala que Maduro dispuso hasta diciembre pasado y durante casi dos años de dos leyes habilitantes que le permitieron reformar todas las materias cruciales para la economía venezolana: desde la Ley del Banco Central hasta la Ley de Impuesto Sobre la Renta.

En declaraciones a los medios públicos venezolanos, el Ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano, dijo que si la mayoría opositora que controla la Asamblea Nacional rechaza acompañar el decreto de emergencia económica sería "negarse a mantener un esquema de defensa de los Derechos Humanos de nuestra nación".

Marcano afirmó que las acciones económicas que impulsa el gobierno tienen como propósito resguardar las condiciones elementales y básicas del pueblo, así como también la garantía de sus Derechos Humanos y sociales.

Habrá que esperar hasta que el gobierno venezolano anuncie las medidas concretas en el marco de la emergencia económica para conocer su orientación económica y sus efectos reales en la crisis que vive el país.