La última divulgación por parte del BCV del Producto Interno Bruto y Balance de Pagos fue en septiembre de 2014

Redacción

El Observatorio Económico Legislativo de Cedice Libertad en alianza con Transparencia Venezuela, desarrolló una mesa de análisis en torno a la opacidad del Banco Central de Venezuela (BCV), y cómo esto afecta la economía del país en la toma de decisiones. Participaron los economistas Anabella Abadí y José Guerra, también candidato a la AN; la periodista de la fuente económica, Blanca Vera Azaf, y Gregorio Riera, abogado y coordinador de la Oficina de Asistencia Legal Anticorrupción de Transparencia Venezuela, quienes debatieron sobre la importancia de la divulgación de estadísticas oficiales, base para el buen desarrollo financiero y económico del país.

Anabella Abadí destacó que “los ciudadanos tienen derecho a conocer los indicadores que deben ser emitidos por el Banco Central, ya que la falta de información es inconstitucional y así lo plantea la normativa”. 

José Guerra manifestó que Venezuela se encuentra bajo tinieblas informativas. No hay data actualizada de los indicadores económicos. “La última publicación oficial de Gestión Fiscal fue en diciembre de 2012. En el año 2013 se presentaron: Producción Industrial en junio; Ventas Comerciales en septiembre; y, en diciembre se hicieron manifiestas las de Pobreza, Remuneraciones Empleados y Obreros, y el Índice de Desarrollo Humano. La última divulgación del Producto Interno Bruto y Balance de Pagos fue en septiembre de 2014. La Canasta alimentaria en noviembre de 2014. Y en diciembre de ese mismo año se informaron las cifras del Índice Nacional de Precios del Consumidor y Producción de Petróleo”.

Pero, ¿por qué no se publica la información? “En todo gobierno que se dice ser socialista, las estadísticas y las cifras son un instrumento político y propagandístico. En Venezuela, cuando las cifras eran favorables las publicaban, ahora que no lo son, dejan de hacerlo”, denunció.

Por su parte, Gregorio Riera, miembro de Transparencia Venezuela, organización civil sin fines de lucro dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción en el país, señaló que esta organización introdujo el pasado mes de julio un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia,  mediante el cual exigía al BCV que publicara datas del Producto Interno Bruto, la Balanza de Pago y el Índice de escasez. “El TSJ decretó el secreto de materia económica como política de Estado, liberando al BCV de su obligación legal de informar al país sobre los indicadores económicos, arrebatándole al ciudadano su derecho a la transparencia gubernamental, acceso a la justicia y su derecho a la obligación administrativa”, indicó Riera. Así mismo señaló que continuarán buscando otras instancias hasta que el derecho a la libre información tome su curso.