El Gobierno de Panamá se declaró preocupado por una "división" entre los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que impidió este lunes acordar un debate continental sobre el conflicto en la frontera entre Venezuela y Colombia

Con información de EFE

"A Panamá le preocupa una OEA dividida y por ello optó por seguir buscando el consenso", manifestó la Cancillería panameña en un posicionamiento oficial en el que instó al diálogo entre los países, a pesar de que en el órgano interamericano se abstuvo de apoyar la propuesta de una reunión de cancilleres.

Colombia propuso que los cancilleres de los 34 países del organismo interamericano abordaran lo que considera una "grave crisis humanitaria", con "deportaciones arbitrarias y maltratos" a sus ciudadanos por parte de Venezuela en la frontera que comparten.

Pero el Consejo Permanente de la OEA, reunido en sesión extraordinaria, rechazó la iniciativa por haberse alcanzado solo 17 de los 18 votos a favor requeridos; 5 países se mostraron en contra, 11 se abstuvieron y hubo una ausencia.

Colombia reconoció más tarde que contaba con el voto de Panamá para llevar el debate al ente hemisférico.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, dijo que para su delegación la posición de Panamá fue una "sorpresa", pero la atribuyó a que este país se ha ofrecido como mediador en el conflicto bilateral y pretende ser "neutral".

En la declaración de la Cancillería panameña, en la cual se evitó mencionar el voto del país en el organismo, se consideró que "una división de la OEA podría perjudicar la oportunidad real de reducir con mayor brevedad las tensiones" entre los países suramericanos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que el país sigue "abierto a propiciar conversaciones para un acercamiento a corto plazo", tal y como lo propuso el domingo, cuando ofreció su apoyo para encontrar una "solución pacífica" al cierre de la frontera con Colombia por parte de Venezuela.

Asimismo, la Cancillería repitió su llamado al diálogo y al consenso frente al "conflicto fronterizo y humanitario", con "especial atención al bienestar de las personas afectadas".

El Gobierno colombiano buscaba con su propuesta exponer ante los ministros de Exteriores la crisis humanitaria desatada por la deportación de más de un millar de sus ciudadanos que vivían en el estado venezolano de Táchira, además de los cerca de 10.000 que, según la ONU, han retornado a Colombia voluntariamente.

La crisis arrancó el pasado 19 de agosto, cuando el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el cierre de un tramo de la frontera entre Colombia y Venezuela con el argumento de combatir el contrabando y a supuestos paramilitares.