El Observatorio de Derechos de Propiedad alerta sobre el impacto de la intervención de Centros de Distribución de alimentos en La Yaguara

Con información de nota de prensa

El pasado 29 de julio tuvo lugar una nueva actuación del Gobierno nacional que deja en evidencia la vigencia de una política sistemática de desconocimiento de los derechos de propiedad en Venezuela.

En horas de la tarde, un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) se presentaron en los centros de distribución de bienes pertenecientes a las empresas Polar, Cola-Cola Femsa, Cargill, Zara y Nestlé, ubicadas en La Yaguara, Municipio Libertador, Caracas,.

El argumento para ejecutar esta medida, presuntamente una “ocupación temporal”, es la construcción de nuevas edificaciones para la Gran Misión Vivienda, específicamente la “Nueva Comunidad Socialista Amatina”. Según la poca información proporcionada por los agentes gubernamentales, los terrenos de propiedad privada deben ser evaluados para tal fin, e indicaron además que pasaran a la toma y control sobre todos los inventarios y activos existentes en las plantas ubicadas en zona industrial de La Yaguara, en Caracas.

A la fecha, no está claro cuál sería en específico el “fundamento jurídico” de la medida, si bien cabe presumir que es la inconstitucional declaratoria de utilidad pública prevista en el artículo 3 del Decreto-Ley Orgánica del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y el Decreto de Expropiación del Presidente de la República publicado en la Gaceta Oficial No. 39.596 de 18 de enero de 2011.

Lo que inicialmente se presumía como una inspección derivó en un procedimiento dirigido a la toma de las instalaciones, que ha sido calificado en diferentes medios de comunicación como “expropiación”.

Esta acción del Ejecutivo nacional, se estima, no sólo afectará a unos 600 trabajadores directos y otros tantos indirectos de los distintos establecimientos comerciales del Distrito Capital y otras zonas aledañas, sino que incidirá directamente sobre los procesos de distribución y comercialización de los bienes presentes en estas plantas, como lo son alimentos y otros rubros de consumo frecuente por parte de la población, los cuales automáticamente han sido confiscados por el Estado.

Desde el programa Por Un País de Propietarios y su Observatorio de Derechos de Propiedad de las organizaciones CEDICE Libertad y Liderazgo y Visión, alertamos a la ciudadanía sobre las graves consecuencias que tendrán para todos los habitantes de la Gran Caracas estas acciones del Gobierno nacional, que son inconstitucionales y están desprovistas de toda racionalidad y responsabilidad.

Esta medida agravará aún más la precaria situación económica y social que atraviesa Venezuela, generará más escasez de bienes, menor confianza y deterioro en la productividad para las pocas empresas privadas que todavía están activas en el país. Nos vemos en la obligación de insistir en que sin el restablecimiento del Estado de Derecho y sin la posibilidad de recuperar el respeto y reconocimiento de los derechos de propiedad, no hay posibilidad alguna de salir de la grave crisis económica y social que han sido provocadas precisamente por las políticas intervencionistas del Gobierno nacional de la que somos víctimas todos los venezolanos.