Los oficiales a cargo de la zona de seguridad alegaron que el allanamiento se debía a una expropiación de los hoteles Ausonia y Edward

Evely Orta

Desde las 5 de la mañana efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana entró a los hoteles Ausonia y Edwards, que pertenecen a la familia Damasco, para desalojar a sus empleados y huéspedes.

Con armas en mano, escudos, cascos y chalecos antibalas golpearon cada una de las puertas de las habitaciones para que las personas abrieran. La causa oficial: el 28 de mayo se publicó en Gaceta Oficial N° 40669 el decreto presidencial que ordena la expropiación de las edificaciones que tienen 45 años en la zona.

En el procedimiento participaron efectivos de la Policía Nacional Bolivariana, funcionarios de la Zona de Seguridad de Miraflores, el Ministerio Público y personal del Saime. Los encargados de la seguridad del perímetro solo les dijeron a los empleados que la medida era “una orden presidencial” y exigían la presencia de la dueña de los hoteles, Paola Damasco, pues de lo contrario la buscarían con el Cicpc.

Los clientes fueron requisados dentro de las habitaciones y se les retuvo la cédula hasta que la GNB recibió la orden de desalojarlos.

Los trabajadores denunciaron que los funcionarios violentaron las puertas de las oficinas para buscar los documentos de propiedad y amenazaron con abrir las bóvedas donde se deposita el dinero en efectivo.

En ambos hoteles había alrededor de 200 personas, entre las que se encontraban pernoctando desde hace dos días beneficiados de la Misión Milagro del Convenio de Salud Cuba-Venezuela, que fueron llevados al lugar por personal de Miraflores.

Carmine La Falce, arrendatario del Hotel Edwards desde hace 29 años, denunció que desde 2010 ha sufrido acosos del coronel Freddy Rebolledo, integrante de la Guardia de Honor de Miraflores, después de alquilar 25 habitaciones para las personas que quedaron damnificadas ese año.

La deuda que aún se mantiene es de 900.000 bolívares. “Cuando intenté cobrar me amenazaron con mandar el Sebin y desde ahí a cada rato me cierran el negocio.

El decreto indica que la causa de la medida es para “utilidad pública o social”. Los 26 empleados esperaban respuestas en la calle sobre su estatus laboral.