Denuncian que entre 2005 y 2014 el Estado ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas y organizaciones de derechos humanos

Evely Orta

En un comunicado suscrito, entre otras ONG por Amnistía Internacional, Provea, Cofavic, Espacio Público, el Observatorio de Prisiones, Human Rigths Watch, la Vicaría Apostólica de Derechos Humanos de Caracas, el Observatorio Venezolano de Violencia, se afirma que la situación de los Derechos Humanos en Venezuela “ha empeorado” desde que el Gobierno decidió sacar al país de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 En el texto destacan que “los casi mil ajusticiamientos al año que se registran en el país, los casos de torturas y malos tratos ocurridos durante las protestas del año pasado y el endémico retardo procesal son algunos de los motivos que sustentan la apreciación de las agrupaciones nacionales y extranjeras”.

"El Estado no ha cumplido con su obligación jurídica internacional de proteger los Derechos Civiles y Políticos y se siguen cometiendo graves violaciones a los Derechos Humanos", afirmaron al tiempo que pusieron como ejemplo que "persisten las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, tortura y otros malos tratos y detenciones arbitrarias; así como los ataques y hostigamiento contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y aquellos que son críticos de las autoridades", detalla el comunicado.

Paralelamente  el Instituto Prensa y Sociedad solicitó ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el Estado venezolano garantice una comunicación libre, independiente y equitativa para las parlamentarias.

La organización pidió a la ONU, durante la interpelación del Comité de Derechos Humanos a Venezuela, que exhorte al Estado a eliminar los delitos penales por difamación e injuria; que se propicie un sistema de medios equilibrado, libre, plural y autónomo; que prohíba los procesos judiciales por el ejercicio de la libertad de expresión o el derecho a la información, y que se cumpla con las obligaciones internacionales en materia de libertad de expresión y derecho a la información.(reseño El Nacional)

El Ipys denunció que entre 2005 y 2014 el Estado ha abierto 42 procedimientos judiciales contra periodistas, medios y organizaciones de derechos humanos.

“El gobierno de Nicolás Maduro ha iniciado 20 demandas legales contra medios. La mayoría de estos juicios se ha ejercido por delitos por difamación e injuria. Las penas a la expresión buscan silenciar las informaciones”, agrega la organización en su informe.