Las clínicas privadas demandan actualización de la metodología regulatoria, mediante la derogación de la Providencia No. 294 que reguló los precios de la mayoría de los servicios de salud 

Redacción

Como informáramos en una primera entrega, las clínicas exigen al  Gobierno nacional la  actualización de la metodología regulatoria, mediante la derogación de la  Providencia No. 294 que esperan sea sustituida  por un mecanismo que permita la fijación de los precios de los servicios  de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Precios Justos y la Providencia 003 de febrero de  2014 emanada de la SUNDEE, en la cual se plantea  que los precios se determinen consultando la estructura de costos de cada sujeto de aplicación de la ley, en este caso las clínicas  y permitan su adecuación continua.

Aspiran además que se tome en cuenta la incidencia de la inflación y que la necesaria actualización pueda darse en función de la estructura de costos de las clínicas de acuerdo a su complejidad.

 “Hacemos un llamado de alerta al gobierno nacional y a la ciudadanía en general, para que se entienda a la brevedad en su justa dimensión el drama que vive este vital e indispensable sector, porque cada día se le hace cuesta arriba mantener sus puertas abiertas para prestar el debido servicio asistencial a la comunidad que los requiera y muy en especial a todos aquellos pacientes que acuden en busca de atención médica. De continuar ésta tendencia, se decreta prácticamente el cese operativo del sector”, advierten.

Providencia sin actualización desde hace dos años

Son varios los aspectos de esta problemática y como explicamos en la primera entrega, uno de ellos y tal vez el más importante es el relacionado con la Providencia No. 294, que reguló los precios de diversos servicios, entre ellos los de emergencia, quirófano, hospitalización y cuidados intensivos,  los cuales llevan 2 años sin actualización,  en contraposición a la escalada inflacionaria que afecta a todos los sectores del país.

Detallan que el  26 de junio de 2013 la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), hoy Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDEE) publicó en la Gaceta Oficial número 40.196, la Providencia Administrativa No. 294, que categoriza y fija precios de los servicios ofrecidos en las clínicas.

Para fijar las tarifas, el Gobierno estipuló en tres las categorías de las clínicas (tipo 1, tipo 2, tipo 3 y Tipo 4 “unidades especiales”), para  la prestación de los servicios médico-asistenciales, es decir, la clasificación se determinaría por niveles de complejidad de la Institución.

“En esa oportunidad esta Providencia 294, fue considerada de carácter temporal por el Gobierno nacional, mientras se promulgaba la Ley de Costos y Precios Justos y se pudieran establecer los precios basados en la estructura de costos de las clínicas, como lo establece la nueva Providencia 003 del año 2014, complemento de esta ley, pero hasta ahora, a pesar de que ya está vigente, no se ha permitido aplicarla, hasta tanto la Superintendencia Nacional de Costos y Precios (SUNDECOP), hoy Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (SUNDEE); haga una serie de análisis que se han retrasado en el tiempo”.

Indican que  mientras tanto, continúa vigente la Providencia 294, la cual con 2 años de desactualización han colocado a la mayoría de las clínicas en el inminente riesgo de paralización operativa ante la desenfrenada inflación que afecta la vida de los venezolanos  día a día. 

“Sólo en el renglón del Recurso Humano empleado, se han realizado ocho (8) ajustes salariales y el noveno (9no) en los próximos días, si poder haber realizado los consecuentes ajustes debido a la vigencia de la referida regulación”.

Actualizaciones en base a la estructura de costos

Las clínicas señalan  que es urgente la actualización y cambio de la metodología regulatoria a los fines de reconocer y aplicar los correctivos al esquema contenido en la Providencia 294, la inflación acumulada desde Junio del 2011 a Diciembre del 2014 es del conocimiento de todos, está en el orden del 220 % según el IPC del BCV,  no se ha publicado el IPC desde el primero de enero al 30 de mayo del 2015, opiniones extraoficiales de economistas venezolanos manifiestan que es alrededor del 108 %, en consecuencia de todo lo anterior argumentan que la única y objetiva vía, desde el punto de vista administrativo y jurídico, es la determinación urgente de las estructuras de costos de las clínicas según su complejidad.

Por otra parte, se supo, que en éste entorno existe una alta preocupación de los médicos,  empleados, ciudadanía y las clínicas por la posición que históricamente han asumido las empresas aseguradoras y que  hoy día se presentan como la opción que el Gobierno Nacional tiene para  decretar e implementar un esquema de control y regularización de los servicios asistenciales basado en el esquema de  PAQUETIZACION de los procedimientos médicos, que es el producto de la aplicación de los convenientes conceptos actuariales a su beneficio, de la aplicación de la política de los “COSTOS RAZONABLES” (para quién?, sólo para ellos) y para completar la tríada quieren aplicar de nuevo la “PROMEDIACION DE LAS FACTURAS”, (aquí promedian la prestación del servicio médico-asistencial de una clínica de alta complejidad Tipo Uno (1)  con una clínica de baja complejidad y/o una clínica ambulatoria), con ésta fórmula se le hace creer a la población que los ajustes y recortes son en su beneficio, pero es todo lo contrario, afectan la operatividad y la calidad del servicio  que recibe el usuario. 

Dentro de las mejores prácticas a nivel mundial, la definición de los precios determinados según la estructura de costos es la que prevalece, pues lo contrario constituye una posición sin argumentos administrativos, ni jurídicos, que no toma en cuenta, cuánto cuesta dar un determinado servicio asistencial, además que dentro de la realidad venezolana,  estaría al margen de la propia Ley de Precios Justos.

Las clínicas luego de analizar la evolución de la sustentabilidad operativa, expresan que la fórmula de la paquetización llevaría a un  colapso total del área de la salud privada y en consecuencia de la Estatal, ya que en la primera se atiende aproximadamente el 55 % de la población venezolana.

Esta afirmación la complementan con que además se afectaría a todos los empleados directos e indirectos de las clínicas, cercanos a los 130 mil en el país. Igualmente impactaría a la ciudadanía en general, por el deterioro en el servicio y la negativa incidencia en la calidad, aunado a la escasez de material médico-quirúrgico, medicamentos y equipos.

Se considera, que el único sector que se beneficiaría con este esquema de paquetización, es el de las Aseguradoras e Instituciones que manejan Fondos Auto Administrados de Salud (FAS), las cuales lograrían mayores ahorros e ingresos a los que ya tienen, en el caso de las Aseguradoras se añadirían  a los crecientes y significativos aumentos de los montos de las pólizas anuales que los usuarios pagan en todos y cada uno de los ramos de aseguramiento. (Salud, Vida, Vehículos, Patrimoniales, Accidentes y otros).