El Criminólogo Luis Izquiel: "En Venezuela es necesario que el Estado penetre en los sectores populares y que se vuelvan a establecer grandes estaciones policiales"

Redacción con información de El Nacional 

Una ráfaga de disparos que se escucha en los barrios de Caracas que bordean el Cementerio General del Sur no inmuta al personal de mantenimiento, familiares de difuntos, ni a los funcionarios de Policaracas que están de guardia en el camposanto. Son las 11:30 am de un miércoles y para uno de los oficiales de turno la situación se trata solo de “un café en la mañana” en una jornada de 24 horas.

“Las balas no tienen horario en esos barrios que fueron declarados zonas de paz entre los delincuentes. A ellos como que les regalan las balas. Nosotros no tenemos alcance para defendernos cuando las bandas nos atacan. Si cualquier compañero de nosotros se asoma a esos lugares le lanzan una granada”.

El abandono de los barrios por la policía los ha convertido en microestados gobernados por grupos armados, colectivos y delincuentes. Las llamadas “zonas de paz” han abonado el terreno y se convirtieron en trinchera delictiva para enfrentar a la policía.

Por décadas en sectores como el 23 de Enero y El Guarataro han funcionado “paraestados” al mando de colectivos. Con la supresión de la Policía Metropolitana, en 2011, el desplazamiento de los cuerpos de seguridad se extendió a otros sectores. En el proceso de supresión, gran parte de la infraestructura que tuvo el organismo en barriadas se perdió. Las sedes de 11 delegaciones, por lo menos, (zonas, distritos y módulos) en sectores populares como Kennedy, Ruiz Pineda, La Cañada, Caño Amarillo, Los Mangos de La Vega, San Martín, Pérez Bonalde o Lídice están invadidas o fueron tomadas para otras actividades. Entre esos inmuebles está la Comandancia General del cuerpo, ubicada en un terreno de 20.000 metros cuadrados en Cotiza, que está en manos del colectivo Frente 5 de Marzo.

En el este de Caracas se desarrolla un fenómeno similar: en los barrios 24 de Marzo y Bolívar de Petare, donde también se habrían pactado acuerdos entre bandas que mantienen a raya a los cuerpos de seguridad. En el municipio Sucre la policía ha reducido su operatividad y patrullaje, debido a los constantes ataques que han recibido los agentes. Un funcionario de la Policía Municipal dijo que tuvieron que suspender los operativos de “puntos calientes” que hacían por 10 minutos en esos barrios y en La Dolorita, La Bombilla, José Félix Ribas y en Carpintero. “Esos puntos calientes, que en algún momento sirvieron para prevenir el delito, son inoperativos y nos exponen como blanco fácil de la delincuencia”, expresó.

El abogado y criminólogo Luis Izquiel considera que es necesaria una intervención policial en los barrios de Caracas, como se hizo en las favelas de Brasil para controlar la criminalidad en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo.

“No existen estaciones de policías en los sectores populares para brindar seguridad a los ciudadanos y el Estado no ha establecido como prioridad que las policías estén en los barrios. Si el gobierno de Lula da Silva, que también es de izquierda, pudo intervenir con el apoyo de las Unidades de Policías Pacificadoras durante tres meses las favelas de Brasil que estaban dominadas por el narcotráfico en 2010, en Venezuela pudiera hacerse lo mismo sin necesidad de intervenir los barrios con militares. Pero no hay voluntad política”, señaló Izquiel.

El criminólogo explicó que aunque las Unidades de Policías Pacificadoras pertenecen a las Fuerzas Armadas de Brasil, la formación de esos funcionarios es policial y no militar, y agregó que luego de esa incursión del Estado pudieron establecerse módulos policiales que en la actualidad ofrecen servicios de salud y comunitarios a los habitantes de esos sectores. La institucionalidad volvió al barrio.

“En Venezuela es necesario que el Estado penetre en los sectores populares y que se vuelvan a establecer grandes estaciones policiales porque es donde se origina la mayor incidencia delictiva. La policía que entraba a los barrios era la PM y fue eliminada. Pero con la realidad política actual no veo viable una intervención porque pareciera que el gobierno busca aliarse con algunos delincuentes”, dijo.

La estrategia de desplegar funcionarios de la Guardia del Pueblo y de la Guardia Nacional Bolivariana en la ciudad no resuelve la raíz del problema, señala Izquiel. En lo que va de año han sido asesinadas 2.473 personas en Caracas; la cifra supera las muertes registradas de enero a finales de junio de 2014.