Concejales Luis Barrios y Beatriz Pérez Blanco acudieron a tribunales de Anzoátegui para demandar la nulidad del decreto que eleva el servicio de aseo en un 380%

Niurka Franco

Por el reintegro de los recursos cobrados por concepto de aseo urbano residencial y comercial a los contribuyentes, se pronunciaron los concejales de Primero  Justicia en el municipio Sotillo, Beatriz Pérez Blanco y Luis Barrios, quienes este lunes acudieron a los tribunales de justicia, para demandar la nulidad del decreto 031 emitido el pasado mes de diciembre por el alcalde Magglio Ordóñez.

“El alcalde con esta acción incurrió en la violación de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal”, comenta Barrios, quien no obstante admite que ciertamente, el nivel inflacionario que se vive en Venezuela obliga a hacer ajustes, pero afirma que la Ley estipula pasos y mecanismos que el alcalde no puede obviar, entre ellos someter a consideración de la Cámara una ordenanza.

Considera preocupante el que le hayan sido aprobados al jefe local más de 70 millones de bolívares para atender el tema de la recolección de los desechos sólidos, amén de los recursos que recaudan por impuestos. Dónde está ese dinero, se pregunta Barrios, tras considerar injusto el que usuarios que antes cancelaban 1000 bolívares, de golpe y porrazo deban cancelar 6 mil.

Entre tanto, la concejal Beatriz Pérez, dijo ver como positivo, el hecho de que el alcalde reconozca que existe una alta inflación en el país, así como una aguda escasez de repuestos. “Celebramos que al menos esté claro en que la inflación y la escasez no son una sensación de la oposición, pero él no puede pasar por encima de la Cámara”.

Dijo estar consciente de que es necesario un ajuste en los precios porque la ordenanza ya resulta extemporánea, pero añade que las tarifas tienen que ser discutidas con el pueblo y decididas por consenso.

Advierten los concejales de PJ que desde inicios de este año, han estado planteando que se  devuelva a los contribuyentes los montos cobrados por concepto de aseo, los cuales superan el 380% “algo absolutamente ilegal”, dijeron.