Richard Casanova, dirigente de PJ afirma que el ente electoral pretende además dar  un “time” mientras baja la marea en el PSUV, donde existen corrientes en pugna

Niurka Franco

Detrás del silencio de las autoridades del Consejo Nacional Electoral, para dar la fecha de las parlamentarias, se esconde una intención clara de desestimular al electorado, para que sienta que su decisión no será tomada en cuenta, porque el órgano comicial tiene el control. “El abuso y el ventajismo sería la principal razón para no dar la fecha, subraya el dirigente regional de Primero Justicia, quien sin embargo no deja de lado otros aspectos.

Un segundo motivo y no por ello menos relevante, serían las contradicciones y pugnas  en el seno de la tolda roja, tras el surgimiento de  la llamada Marea Socialista, en la que personajes como  Nicmer Evans, Ana  Elisa Osorio , Jorge Giordani y Héctor Navarro, entre otros,  parecieran deslindarse del partido del extinto Hugo Chávez y participar en las parlamentarias con candidatos propios.

Según Casanova, el  CNE pareciera estar dando largas,  mientras se aclara el panorama  y bajan las aguas en el seno del partido rojo y a su vez continúa generando  incertidumbre en la oposición, como una manera de  desmotivar a los electores.

El dirigente de Primero Justicia está persuadido de que el partido oficial está muy mal. “Es obvio que están perdiendo, porque de lo contrario ya habrían anunciado la fecha, como ha ocurrido en ocasiones  anteriores, cuando se han sentido seguros de poder ganar”.

Consultado respecto a la cohesión en el seno de la MUD, afirmó que como es todo proceso democrático hay divergencias, pero aclara que independientemente de las diferencias, hay que estar claro en la necesidad de caminar unidos por el país.

Casanova sostiene que el  peor candidato de la Mesa de la Unidad siempre será mejor que continuar con los aspirantes del oficialismo que buscan  dar continuidad a la serie de irregularidades que privan en la AN.

 Dejó claro que la mayoría parlamentaria que tiene el partido de gobierno, solo ha servido para delegar al Ejecutivo  su responsabilidad legisladora, fiscalizadora  y contralora hasta finales de este año.