​Rafael Narváez advierte que el instrumento permitiría legalizar las persecuciones y la represión contra  quienes piensen diferente 

Redacción

El abogado experto en materia de Derechos Humanos, aseguró que los Poderes Especiales solicitados por el Presidente Nicolás Maduro constituyen un  riesgo, porque podrían convertirse instrumento que legalice la persecución y la represión en contra de quienes piensan distinto al gobierno en el país.

Al referirse a la petición de poderes especiales que hizo el primer mandatario al parlamento el pasado martes, el abogado afirmó que en nuestro marco legal existen suficientes normas que permiten abordar la defensa de la soberanía y autodeterminación ante lo que calificó como unas declaraciones ligeras e irresponsables del gobierno de los Estados Unidos de América, en las cuales se refirió a Venezuela como una amenaza. “Este es el argumento utilizado por Maduro para pedir esta nueva ley habilitante, planteando la necesidad de preservar el sistema democrático, la paz y evitar invasiones bélicas, cuando sabemos que existen otras vías disponibles para este mismo fin”, dijo.

Recordó las cuatro habilitaciones otorgadas al fallecido Presidente Hugo Chávez y la concesión de poderes especiales que ya disfrutó Nicolás Maduro, y también se refirió a los mecanismos que existen sin necesidad de más habilitaciones para dar respuesta al planteamiento hecho. “Como abogado quiero dejar claro que el Presidente de la República es el rector de la política internacional, es él quien dicta la política exterior, a través de la diplomacia puede asumir la defensa de nuestra nación”, explicó, a la vez de calificar como imprudente la jornada de ejercicios militares prevista para este sábado 14.

Como experto en Derechos Humanos dijo que es preocupante esta decisión de acudir de forma expedita al parlamento para pedir esta ley habilitante con la cual se va a extralimitar, debido a la posibilidad abierta de legislar en materia sanciones jurídicas, violentando así la reserva legal que tiene la Asamblea Nacional. “En el parlamento la mayoría de sus integrantes son del partido de gobierno, y es a ellos a quienes ha debido acudir, para que se tramitara cualquier reforma”, planteó.

De igual manera mencionó el artículo 132 del Código Penal, en el cual se establece prisión de 8 a 16 años a quienes conspiran en contra de la forma republicana, norma vigente y aplicable en el caso que haya lugar. “Pareciera que se persigue la legalización de la represión con esta habilitante”, alertó Narváez.

Dijo además que estos poderes especiales sobre los cuales debería reflexionar el poder legislativo, existe la resolución 8610 emanada del Ministerio de la Defensa, cuestionada y polémica, lo cual en combinación puede convertirse en un peligro letal para la disidencia.

“Aunque ya sabemos de la convocatoria del parlamento para este domingo sancionar esta ley habilitante, nuestro deber es invitar a la reflexión, porque estamos a las puertas de la limitación de las garantías constitucionales fundamentales”, declaró el abogado, quien sugiere en contraparte el establecimiento de una política impulsada desde el Estado venezolano que busque la paz y la reconciliación de todos los venezolanos.

Al ser consultado sobre la muerte del señor Rodolfo González en prisión, Rafael Narváez aseguró que es un caso delicado que debe ser investigado. Pero agregó que los retrasos y la situación del proceso judicial que padecía González es una constante en el país, y no sólo en los casos con tintes políticos.