Al alcalde de Sotillo se le acusa de desfalco del tesoro nacional. Piden que explique sobre destino de recursos

Irina Figuera

@IrinaFiguera

Obras inconclusas y un presupuesto aprobado desde abril de 2014, para la terminación de proyectos de envergadura, es la razón que ha llevado a concejales de la alternativa democrática de la Cámara Municipal de Sotillo, a exigir al alcalde Magglio Ordóñez respuesta sobre la partida otorgada mediante sesión, pero además a presentar su renuncia al cargo por ausencias reiteradas.

Un total de 26.794.038,43 millones de bolívares fue destinado al primer mandatario local, mediante el Fondo de Compensación Interritorial, para potenciar obras como la Clínica Municipal "Paul Harris", ubicada en el casco central de la ciudad porteña.

Para el edil Antonio Acosta, el alcalde debe dar respuesta del dinero aprobado en su mayoría por el concejo, debido a que 80% las obras están inconclusas.“Se le ha aprobado una partida considerable para la realización de trabajos en beneficio de todos los portocruzanos y hasta la fecha no los han hecho. Nos preguntamos ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están las obras?”, dijo.

Hace dos semanas, la fracción opositora de la cámara solicitó abrir una investigación sobre las irregularidades, pero esta no fue aprobada por no contar con la mayoría de votos.

En el presupuesto solicitado para el ayuntamiento destaca el preescolar José Antonio Anzoátegui, la Escuela Bolivariana Bello Monte, Escuela Agroproductiva para Huertos Mixtos, construcción de la Planta Comunal de Reciclaje, alumbrado, entre otros.

A principio de año, la Cámara en pleno aprobó una partida para 18 créditos, que hasta la fecha no han sido agilizados.

“Le aprobamos dinero para el pago de deudas de la gestión anterior. Nosotros siempre hemos estado a la disposición de colaborar en beneficio del portocruzano. Hemos solicitado reuniones con el ciudadano Alcalde y no existe respuesta alguna, el no existe en el municipio”, dijo tras indicar que actualmente se le adjudican obras que no corresponden a la municipalidad como el distribuidor de Molorca.

Calificó como negligente el  primer año de gobierno, por lo que en nombre de los habitantes del municipio, le exigió la renuncia. Emplazó al Contralor Municipal, Carlos Figuera, a no aprobar la Memoria y Cuenta.