Jóvenes de los partidos Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo y Voluntad Popular, se pronunciaron en el municipio Sotillo

Irina Figuera

@IrinaFiguera

En una rueda de prensa realizada en la sede de Voluntad Popular Sotillo, jóvenes de la zona que pertenecen a partidos políticos de oposición, se pronunciaron sobre el modelo de transición como salida a la crisis que vive el país actualmente.

Gabriela Ruiz, secretaria juvenil del partido Vente Venezuela, manifestó rotundamente el apoyo hacia los presos políticos, siendo el más reciente caso el del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, aludiendo que el Gobierno busca socavar la tranquilidad de los ciudadanos y de quienes piensan distinto a su gestión.

Anunciaron como salida pronta a los problemas que aquejan al país, el modelo de transición, el cual ha recolectado hasta la fecha un total de 35 mil firmas, suscritas en la plataforma web de dicho documento.

Ruiz no titubeó en anunciar el allanamiento de la sede principal de Vente Venezuela ubicada en la ciudad capital, por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) sin orden de un tribunal.

El partido socialcristiano Copei respaldó su incorporación a la iniciativa. Denunciaron que están siendo víctimas de persecución, no solo los miembros de la tolda verde, sino la oposición venezolana en general, situación que lleva más de un año,  según explicaron.

Andrés Bastardo, secretario regional del partido Alianza Bravo Pueblo (ABP), dijo que la detención de Ledezma menoscaba los derechos constitucionales expuestos en la Carta Magna en su artículo 48, violando el debido proceso en el país.

Aludió que es necesaria la renuncia del presidente Nicolás Maduro ya que, asegura, no le ha dado la cara a los problemas que atraviesa la nación. “Los venezolanos piden a gritos que el presidente como máxima autoridad resuelva los problemas de inseguridad, escasez, pobreza. Si no puede darle la cara al país que renuncie.”

Para Juan Carlos Badaoui, coordinador adjunto del partido Voluntad Popular,  el asesinato de cinco estudiantes de la Universidad de Los Andres y la Universidad Expertimental del Táchira es una prueba de la represión a la que está acostumbrado el Estado venezolano.

Indicó que estos universitarios eran fieles a la lucha democrática y habían encabezado las protestas de 2014. “Exigimos justicia, estamos convencidos que estas personas y sus familiares recibirán justicia cuando cambie el sistema en el país”, dijo.

Pidieron remoción en los poderes, para que pueda reinar una justicia independiente y equilibrada.

Hicieron un llamado a la sociedad civil a acercarse el día viernes 26 de febrero a las afueras del Palacio de Justicia, donde se entablará una clase “magistral”, en la cual expondrán los derechos en el sistema venezolano.

Anunciaron que se mantendrán firmes en las calles y que el Gobierno no los hará claudicar en su lucha.