Un grupo de transnacionales españolas fueron amenazadas con expropiación si no median para que en España se tenga una imagen más favorable de Venezuela

Con información de Servimedia

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Magallo, defendió este lunes la libertad de prensa de los medios de comunicación, así como los intereses de las empresas españolas ante las amenazas de expropiación hechas por el gobierno de Nicolás Maduro.

En una rueda de prensa conjunta con la Alta Representante de Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidenta de la Comisión Europea, Federica Megherini, deploró las supuestas amenazas de expropiación contra las empresas españolas de no acabar la “campaña de desprestigio” por parte de los medios de comunicación españoles hacia Venezuela.

El pasado jueves miembros del Ejecutivo venezolano citaron en el Palacio de Miraflores a representantes de multinacionales como Repsol, BBVA, Mapfre, Air Europa, Iberia Meliá o Telefónica. 

En dicho encuentro se les amenazó con la expropiación si no median para que en España se tenga una imagen más favorable de Venezuela. También se les indicó que las “campañas de desprestigio” de los medios españoles, en las que se alude al apoyo político y económico a miembros de Podemos, hacen daño al país venezolano.

Ante esta situación, Margallo reconoció que el Gobierno español conocía desde el pasado jueves, por parte de las empresas españolas, la convocatoria de esa reunión, al tiempo que informó que el pasado viernes el embajador español en Venezuela se reunió con el vicecanciller venezolano para tratar el asunto. 

También informó que mantuvo una conversación telefónica con el jefe de la delegación española en el país caribeño, de la que constató que “no hay novedades” en un asunto sobre el que advirtió que hay que ir con “sumo cuidado”.

Margallo subrayó que en un Estado de derecho y democrático como el español la libertad de prensa es un “principio innegociable, base de la convivencia” de toda sociedad civilizada. También aludió al “derecho y el deber “que se arroga el Ejecutivo para “proteger los intereses” de las empresas españolas en sus inversiones en el extranjero.