Coordinador regional del Foro Penal afirma que el lugar debe ser cerrado porque en él se viola el derecho a la vida y la salud

Niurka Franco

@ConFranqueza

“El único derecho que se restringe a un detenido es el de la libertad, pero  quienes entran a  la tumba también son privados del derecho a la salud y a la vida”, expresó Salvador Pimentel, profesional del Derecho y coordinador del Foro Penal en Anzoátegui.

Pimetel rechazó las declaraciones dadas por el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, al negar que en el referido lugar se violenta el derecho a la igualdad a la salud, a la integridad personal y al debido proceso, entre otros   Derechos Humanos.

 “Llama la atención que una vez hecha la denuncia el primero que reacciona es el Defensor del Pueblo, pero no para apoyar la apertura de una investigación y brindar apoyo a quienes puedan estar siendo afectados, sino para aseverar que no hay violación”.

El abogado asegura  que en el país se ha venido aplicando la tortura blanca, la cual a diferencia de la tradicional, no deja marcas físicas o aparentes porque apuntan hacia la resistencia psicológica.

El Estado subordinado

Estima el coordinador del Foro Penal que en el país se viene dando una situación sui generis, cual es el hecho de que en las cárceles o centros de reclusión en los que el Estado está subordinado a los llamados pranes, existen menos denuncias de violación a los Derechos Humanos que en aquellos donde ejerce el control. “El Estado le concedió  esa responsabilidad a los pranes”, recalcó.

Apoyo a los jóvenes

Por otra parte Pimentel  manifestó que apoyarán  las acciones de protesta pacífica que adelanten los jóvenes este 12 de Febrero. “Los estudiantes cuentan con mi respaldo  y del Foro Penal, siempre que sus manifestaciones de protesta estén dentro del marco legal y constitucional. Pertenecemos a una organización que no discrimina color, ideología ni condiciona su respaldo, somos defensores de los derechos humanos de todos”, recalcó tras instar a los jóvenes a tener mucha cautela.

Detalles sobre la tortura

La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de 1948, refiere de la tortura: " ... todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instancia suya o con su consentimiento".