Los perjudicados culpan de la situación al descontrol financiero en la Venezuela de Nicolás Maduro y a la férrea política de control de cambios

Con información de ABC

El diario español ABC reseña que los apuros económicos de Venezuela persiguen incluso a quienes la abandonaron. Como a los jubilados venezolanos residentes en el exterior, que desde hace meses sufren trabas y retrasos en el cobro de sus pensiones. A algunos se les debe cerca de 10.000 euros. Hartos de llamar y escribir a oficinas públicas sin obtener respuesta, han decidido formar una asociación para hacer valer sus derechos. Según los cálculos que manejan, los afectados por esta situación son más de 10.500 dispersos por todo el mundo. Pero solo en España, los consulados venezolanos tienen registrados a 6.972 pensionistas, por lo que la cifra mundial podría ser mucho mayor.

Los perjudicados culpan de la situación al descontrol financiero en la Venezuela de Nicolás Maduro y a la férrea política de control de cambios. Miguel Ángel Megias, uno de los afectados más activos, denuncia así lo ocurrido: «Los envíos de divisas al exterior desde Venezuela debe autorizarlos un organismo llamado Cencoex (Centro Nacional de Comercio Exterior), pero hay que seguir formalidades muy complicadas y al final resulta que el Banco Central de Venezuela no da el permiso». Megias lleva desde septiembre esperando un abono del que le comunicaron que ya había sido autorizado, pero todavía no ha visto un céntimo. Consultada por ABC, la Embajada en España recalca que la pensión mínima en Venezuelase sitúa al cambio en torno a 1.367 euros mensuales, prestación por encima de la media en los países de la UE. Se insiste además en que todo el mundo va a cobrar.

A sus 87 años, Adoración Negrín está deseando que esto se cumpla. Nos asegura que trabajó como profesora en la Universidad de Carabobo y hace ya casi dos años que recibe solo una de las dos pagas que le corresponden. «La situación es poco agradable. Nunca exigiría nada que no me merezca, pero he estado 60 años trabajando y es mi derecho». Negrín apunta: «afortunadamente, yo tengo una familia que me mantiene»; pero, según Megias, ese no es el caso de todos los afectados. La asociación que dirige denuncia que ya ha habido personas mayores desalojadas de sus casas a causa de los impagos. En países como Estados Unidos, donde reside una numerosa colonia venezolana, el coste de los tratamientos médicos habituales para la tercera edad supone un enorme gasto cada vez más difícil de afrontar para muchos.

En España, la cobertura de la sanidad pública mitiga el problema, pero también hay quejas. El oftalmólogo Rafael Palma se retiró aquí, donde trabajó los últimos años. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debería pagarle una pensión superior a los 1.300 euros mensuales, pero hace seis meses que no lo hace, así que se ha visto obligado a estrujar los 300 que le tocan de la Seguridad Social española. «Mi mujer y yo hemos tenido que empeñar todas las joyas, hasta nuestro anillo de boda», lamenta.

No es la primera vez

El caso es que no es la primera vez que la Administración bolivariana tarda en pagar. Ya hubo precedentes en 2009, cuando se produjeron demoras de hasta siete meses. En 2015, el presidente Nicolás Maduro decretó una paga extra más para los jubilados e incrementó la cuantía de las pensiones, pero al mismo tiempo, los impagos se hicieron rutina. Son las contradicciones de un Estado que anuncia dádivas sociales casi tan deprisa como vacía sus arcas por la caída de los ingresos del petróleo, y en el que la edad de jubilación es de 60 años para los hombres y 55 para las mujeres.