“La Corte de Apelaciones debe demostrar que en Venezuela aún hay jueces honestos, que su única orden es respetar el mandato de la ley, los fundamentos del expediente y su conciencia”, Juan Carlos Gutiérrez

Evely Orta.

Este viernes la defensa de Leopodo López y la de los jóvenes Christian Holdack, Ángel González y Demian Martin apelarán la decisión de la jueza 28 de Juicio, Susana Barreiros, de condenarlos por su supuesta responsabilidad en los hechos violentos del 12 de febrero de 2014.

Juan Carlos Gutiérrez, uno del equipo de abogados, informó que los motivos que sustentarán la apelación, en el caso de López, serán dos: denunciar la sistemática violación del debido proceso, al derecho a la defensa y al principio de publicidad, y atacar las inconsistencias de la motivación de la sentencia, que es una “simple narración de hechos que no se demuestran con las pruebas”.

“La Corte de Apelaciones debe demostrar que en Venezuela aún hay jueces honestos, que su única orden es respetar el mandato de la ley, los fundamentos del expediente y su conciencia”, afirmó.

Gutiérrez explicó que apenas se entregue la apelación comenzará el proceso de admisibilidad, en el que la Corte de Apelaciones verificará si el recurso tiene sustentación jurídica. Si se admite, a los 15 días debe hacerse una audiencia oral, con intervención de las partes y de la Fiscalía.

“A los 10 días de esa audiencia, que no es otro juicio, vendrá el pronunciamiento, que puede ser uno de tres escenarios: que por los vicios del procedimiento se ordene un nuevo juicio, que López debe enfrentar en libertad; que se dicte una nueva sentencia que corrija errores y absuelva a los acusados o disminuya la pena, o que se ratifique una condena que es absurda y viciada, y debe ser revocada”, detalló.

Aclaró que López solo pidió conquistar la democracia por vías constitucionales: “Eso no constituye delito”.

Por su parte, Rigoberto Quintero, abogado de González, destacó varios vicios del proceso y afirmó que la jueza Barreiros violó la Constitución al condenar a López y a los tres estudiantes, pues aplicó una condena política contra el derecho constitucional de los acusados a expresarse libremente.

Lamentó que la sentencia se basara en los testimonios de los expertos en el análisis del discurso y Twitter Rosa Amelia Azuaje y Mariano Alí, “vinculados con el oficialismo”, y no se incluyera a otros dos expertos de la defensa y uno del tribunal.

Denunció que las actas policiales no debieron usarse como elementos probatorios, que solo son indicios que deben cotejarse con otras pruebas. “Esta sentencia condenatoria es el preámbulo de una dictadura”, advirtió.

Andrea Santa Cruz, abogada de Holdack, insistió en que las 30 páginas que motivan la condena no se apoyan en una prueba real, y que se limitan a hacer una narración arbitraria de lo que dijeron 124 de los 144 testigos.