La novia de uno de los presos de los campamentos de protesta mantiene activa la Red de Apoyo por la Libertad con la esperanza de que salga de El Helicoide en 2015

Salvador Passalacqua

@spassalacqua

Gerardo es un mensaje. Uno que le cambió la vida a su novia. “Me están llevando preso”, le escribió cuando lo trasladaban. Gerardo es un mensaje. Uno de advertencia para los jóvenes opositores, que se atemorizaron después del madrugonazo en los campamentos frente a la sede en Caracas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El arresto masivo marcó el declive de las protestas iniciadas en febrero.

Hasta hace seis meses, Valentina Fernández Cicenia era la novia de un estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA) que había salido libre e ileso de huelgas de hambre y manifestaciones por la libertad de expresión entre 2007 y 2009. El mensaje que recibió el 8 de mayo de Gerardo Resplandor la convirtió en la compañera de un estudiante preso. Ella, periodista retirada de las luchas estudiantiles, tuvo que reactivarse con la fundación de la Red de Apoyo por la Libertad, plataforma que mantiene la protesta en las redes sociales y vela por el bienestar de los encarcelados.

En El Helicoide ya la conocen. Cada tanto, acude con la mamá de Gerardo a verlo en los calabozos del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). “Adentro se han portado muy bien con él. Los custodios no entienden la causa por la que sigue ahí. Ellos dicen que confían en su inocencia y en la de los otros muchachos del campamento”,  señala.

La historia de Gerardo Resplandor, en la voz de Valentina, es la de una madrugada azarosa. Estaban dormidos. Los despertaron con rugidos y fusiles en las sienes. Los llevaron de la avenida Francisco de Miranda al Comando Regional 5 (CORE 5) de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). “Sabía que en cualquier momento los podían agarrar, porque son muchachos fichados. Ya saben quiénes son y en cualquier momento los iban a agarrar”, lamenta.

A ella le tocó avisarle a la familia. La mamá de Gerardo, que iba a someterse a una operación al día siguiente, tomó un autobús para llegar lo más temprano posible a Caracas. La señora Damelis Veracierta vive en Maturín, estado Monagas, y desde que empezó todo se traslada constantemente a la ciudad capital, descuidando su negocio de comida. “Él la vio llegar de lejos y se puso a llorar. Los días siguientes me rogaba que le mintiera, que le dijera que ya estaba libre. Yo no pude”.

Gerardo estuvo esposado a otro joven durante un día entero. Debían moverse a la vez para ir al baño y era casi imposible dormir. Al llegar a El Helicoide, pasó por un “periodo de adaptación” en un pabellón con más de 10 personas y sometido a constantes interrogatorios. Querían saber quién financiaba los campamentos. Una carta dirigida al país dejó saber luego que se encontraba en una celda de 5x5 metros, oscura, con una colchoneta, una ventana pequeña y una imagen de la Virgen del Valle. En ese lugar cumplió 24 años de edad.

Por un dolor de garganta

En el allanamiento a las carpas del PNUD apresaron a 120 jóvenes. Unos 112 terminaron con régimen de presentación y prohibición de salir del país, pero en agosto vieron sobreseídas sus causas. La Fiscalía acusó a los ocho restantes: Gerardo Resplandor, Gerardo Carrero, Nixon Leal, Ángel Contreras, Dioris Albarrán, Abril Tovar, Anderson Briceño y Carlos Pérez. Los últimos cuatro obtuvieron libertad condicional después de 118 días encerrados.

Los acusados acumulan los delitos de obstrucción de la vía pública e incitación a la desobediencia de las leyes. Además, a Gerardo Carrero se le endilga tráfico de drogas,  a Ángel Contreras, posesión ilícita de un arma de fuego y a Resplandor, posesión de sustancias explosivas. “Mucha gente quiso desvirtuar lo del campamento. Algunos muchachos dieron positivo en pruebas de dopaje. Puede ser cierto. No lo sabemos. Las armas y los dólares sí fueron sembrados”, afirma tajantemente la exdirigente estudiantil.

Está enterada de que algo irregular pasó en la cadena de custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc): Las pruebas desaparecieron. “Los abogados acudieron al Cicpc y preguntaron por la gavera de explosivos, el arma y las drogas, pero ya no estaban”, cuenta. La única prueba bien preservada podría terminar favoreciendo a los muchachos: un permiso de la alcaldía del municipio Chacao para instalar las carpas en la acera.  El documento fue presentado en la apertura del juicio el pasado 5 de diciembre.

“Diferido”. La palabra resonó en la sala. La jueza María Eugenia Núñez ordenó continuar el juicio el 6 de enero, un día feriado, arguyendo que la imposibilitaba un dolor de garganta. Todos salieron del tribunal convencidos de una cosa: será un procedimiento judicial manchado de política. Desde entonces, la historia de Gerardo ha continuado con esperanza y expectación.  La Federación Interamericana de Abogados  reconoció su contribución a la lucha por los derechos humanos con la Orden Martin Luther King. Su madre, harta de esperar, pasó la Navidad encadenada con un grupo de jóvenes en la plaza Altamira.

Gerardo es muchos mensajes. Los va anotando a diario y piensa compilarlos en un libro. Pero antes, debe presentar en la UGMA el trabajo de grado que no pudo terminar. Al menos ocho años de condena le aguardan, si el proceso llegase a desfavorecerle. Su novia mira el teléfono, como esperando otro mensaje.  “A veces me escribe que hay rumores de su salida. Yo le pido que no se ilusione”.