La red por la defensa al trabajo, la propiedad y la Constitución, a cargo de Vicente Brito,  realizó un análisis de la situación que vive el país, la cual aseguran pudo evitarse con la aplicación de políticas correctas.

Redacción

Tras hacer un análisis de la difícil situación económica, política, fiscal y social que vive Venezuela,  la Red por la Defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución dio a conocer un documento en el cual fijan posición respecto a lo que consideran errores del gobierno y sus consecuencias, subrayando que la coyuntura actual obedece a la aplicación de políticas inadecuadas que amenazan seriamente el futuro de los venezolanos.

Sustentan el análisis en las distintas decisiones tomadas, las cuales explica, condujeron a la pérdida de miles de millones de dólares en inversiones y malos negocios que según refieren condujeron a la compleja situación actual.

En primer término destacan que la política petrolera, al modificar los planes de la principal fuente de ingresos del país, como es PDVSA, limitó las  posibilidades de haber alcanzado los 5 millones de barriles diarios y aumentar la capacidad refinadora.

“Al reducirse las inversiones necesarias y llevar adelante una política de expropiaciones de empresas operadoras y de servicios petroleros muchas de las cuales eran  transnacionales,  condujo a un desmejoramiento de la calidad del servicio que prestaban, lo cual causó una serie de demandas en los centros de arbitrajes por miles de millones de dólares”.

Observa que estas demandas están siendo ganadas en su mayoría por los afectados, comprometiendo más aun nuestra situación de deuda externa. “Los resultados están a la vista, política en volumen de producción, situación de las refinerías, y las importaciones de gasolina, diésel y petróleo”, subrayan al señalar que en los últimos años todos los países productores de petróleo han aumentado sus volúmenes de venta, mientras Venezuela los redujo.

Ingresos reales vs gasto público

En materia fiscal, apuntan que la política desarrollada también fue errada, pues acusan que se adelantó el crecimiento desordenado del gasto público no en función solo de  ingresos y  endeudamiento, sino que se multiplico varias veces la deuda interna y externa.

“También  se consumieron los dólares del fondo de ahorro denominado Fondem, que estimamos recibió miles de millones de billetes verdes de PDVSA y del Banco Centralde Venezuela. Si a esto añadimos el volumen de dinero emitido en pagarés por el instituto emisor a empresas y organismos públicos nos encontramos que el inmenso gasto público consumió la mayor masa de recursos de la nación que gobierno alguno haya manejado desde que somos Republica”.

Concluyen que todo ello determinó la elevada inflación que existe, el crecimiento de la deuda,  aumento de la liquidez monetaria por los pagarés que sigue emitiendo el Banco Central ,a la vez sigue el déficit fiscal creciente, todo lo cual unido a las exponenciales pérdidas operativas y financieras de las empresas públicas  sigue complicando la situación económica y social.

Socialismo del Siglo XXI, un fracaso  

Otro de los aspectos analizados, lo constituye la política económica conocida como Socialismo de Siglo XXI, basada en la sustitución de los medios de producción del sector privado por públicos, llevando adelante la política de toma de empresas y tierras que afectaron a miles de venezolanos al no cancelarles sus propiedades arrebatadas, así como su efecto en la caída de la producción y productividad de éstas. 

“He aquí la causa del aumento exponencial de las importaciones en los últimos 9 años, convirtiendo a las empresas y tierras expropiadas a los privados y a los programas desarrollados para producir alimentos, cemento, cabillas y demás bienes y servicios más baratos según lo declarado por voceros oficiales, en consumidores de grandes recursos públicos para sostener sus pérdidas financieras y operacionales, creando un aumento de precios de estos productos de hasta 3 y 5 veces su precio regulado en la economía informal”.

Citan como ejemplo el programa Agro Venezuela, al cual se le otorgaron infinitos recursos para el desarrollo de la agricultura, ganadería, pesca, agroindustria, avicultura, entre otros, para producir y exportar alimentos. “Este proyecto de haber sido realizado de manera eficiente  nos hubiera convertido en el tercer productor de Sur América tomando como base el número de hectáreas destinadas a cultivos y empresas públicas orientadas a tal fin, así como los miles de millones de bolívares y dólares utilizados para el otorgamiento de créditos, compra de agroindustrias, barcos de pesca, maquinarias y equipos”.  

Añaden que hoy la mayoría de esa  maquinaria y equipos  presenta deterioro y se encuentran en un estado de abandono preocupante, sin que alguien responda por el daño patrimonial causado a los venezolanos y la oportunidad perdida de ser un gran productor de alimentos.

En materia monetaria y cambiaria, la política tampoco ha sido acertada según revelan. “Es aquí donde se presentan las mayores complejidades por el efecto causado por el crecimiento de la liquidez monetaria al convertirse en el factor que empuja los niveles de inflación”.

Recalcan que la política monetaria  expansiva implementada por el BCV para financiar gasto público es la principal razón del alto costo de vida al tener más bolívares en manos del público que productos para adquirir, lo cual desborda los controles de precios. “El control de cambio, subrayan, es otra de las razones que ha afectado la situación del consumidor al crearse un dólar oficial que si bien ha permitido importaciones de bienes y servicios a precios regulados, se convirtió en una gran fuente de despilfarro y malversación, al facilitar este mecanismo la salida de miles de millones de dólares sin que se importara poco o nada de lo facturado y aprobado creando un gran daño patrimonial al país”.

Señalan que como venezolanos estiman que hubo un manejo "alegre" de las divisas otorgadas para importación, las cuales se estima que no menos de la mitad salieron del país afectando las reservas. “Hoy tenemos un dólar paralelo que se convierte en el referencial de buena parte de los productos que consumimos, así como limita nuestro derecho a adquirir divisas para importar, viajar o enviar remesas, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda al compararnos con el resto de los países del continente”.