El viceministro José Vicente Rangel Avalos niega que funcionarios hayan disparado contra manifestantes y admite que los colectivos oficialistas tienen armamento

Redacción.

El Estado venezolano compareció ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) después de 12 años. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes en la audiencia en Ginebra consideraron que no hubo precisión en las respuestas.

Ante los cuestionamientos sobre la represión de las protestas de febrero-mayo, el viceministro de Interior y Seguridad, José Vicente Rangel Ávalos, se defendió con una pregunta: “¿Qué querían ustedes? ¿Qué querían? Utilizamos las fuerzas del orden, las fuerzas policiales, con sus equipos antimotines legales”.

Rangel Ávalos negó la existencia de pruebas fotográficas de funcionarios disparando con armas de fuego contra manifestantes. Sin embargo, quedó registrado que efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) utilizaron su armamento el 12 de febrero.

El viceministro admitió que "algunos" miembros de colectivos oficialistas tienen armas, pero arguyó que "también hay personas de la oposición que están armadas" y criticó una supuesta campaña de satanización contra los movimientos.

El Estado se comprometió a no perseguir a los integrantes de las ONG. La ONU presentará unas recomendaciones a las que el país debe dar cumplimiento, de conformidad con las convenciones internacionales.