Caracas. Evely Orta

Con la finalidad de combatir los delitos de fraude, especulación y usura mediante transacciones electrónicas, se debatirá en plenaria en primera discusión el proyecto de Ley de Comercio Electrónico.

“Este proyecto de Ley no persigue restringir este tipo de comercio sino evitar que el pueblo venezolano sea víctima de estafa y especulación”, explicó  el presidente de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, Claudio Farías.

En tal sentido dijo que es una necesidad incorporar la recaudación de impuestos a este tipo de comercio y la aplicación de facturas electrónicas a las transacciones de bienes y servicios.

En la elaboración de este proyecto participaron representantes del Ministerio Público, de la Dirección de Delitos Informáticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel y de la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el orden del día previsto para este martes, también se llevará a cabo la primera discusión del proyecto de Ley de Calidad de las Aguas y los Aires, que ha venido desarrollando la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Asamblea Nacional.

Asimismo, se debe aprobar, tomando en cuenta que el partido de gobierno tiene mayoría, seis créditos adicionales para distintos organismos de laadministración pública.

El primero está destinado al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, por la cantidad de 119 millones de bolívares.

Para el Ministerio para Economía, Finanzas y Banca Pública se solicitará la aprobación de un crédito adicional de 3 mil millones de bolívares. El del Ministerio para Agricultura y Tierras se otorgarán 98,6 millones, una vez los parlamentarios den su visto bueno.

También se considerarán dos créditos adicionales para el Ministerio para el Deporte, uno de ellos por 109,5 millones de bolívares, y el segundo por 57,2 millones de bolívares.

El último de los créditos adicionales será para la jefatura del Gobierno del Distrito Capital, por 59,9 millones de bolívares.