Cámara Municipal investiga casos de obras no permitidas y alega evitar las invasiones 

Irina Figuera /Puerto La Cruz 

@IrinaFiguera 

Actualmente la legislación venezolana contempla que los invasores no son beneficiarios de los planes habitacionales planteados por el Estado, ya que estos rompen con la base del respeto a la propiedad privada. En los últimos años estas se han incrementado a raíz de la existencia  de terrenos o proyectos no concluidos por parte de empresas privadas como también de los gobiernos locales.

El presidente del Concejo Municipal del Municipio Sotillo, Juan Navarro, indicó que en la jurisdicción existen obras en estado de abandono, debido a que en su momento no reunieron los parámetros desde punto de vista de infraestructura al tiempo de su construcción. A ello agrega las obras no concluidas por la situación legal en las que se encuentran como también la invasión al sector privado.

A pesar del tinte político que en la mayoría de los casos los invasores le ponen a sus asentamientos, las autoridades locales están conscientes del daño que estas toman al ordenamiento de la ciudad.

“Unas de las premisas del alcalde Magglio Ordoñez al llegar al municipio fue un estudio de las infraestructuras existentes y estudiar los casos de invasiones a la propiedad privada”, dijo.

En otro orden de ideas, el gobierno local realiza las investigaciones pertinentes en relación al estado físico y legal de estos proyectos entre los que destacan: el mercado de Los Cocos, el Mercado Turístico de Puerto La Cruz, Complejo Habitacional Cerro Latinia, Clínica Paúl Harris, entre otras.

Navarro considera que en su mayoría están siendo estudiadas con el fin de dar el uso correcto a estos espacios.

“La obra del mercado de Los Cocos tiene seis años, se están investigando sus contrataciones y en qué estado actual se encuentra, ya eso está en su fase final y tendrá sus sanciones. Luego se aplicará ley. Los órganos regulares están investigando el caso”.

Caso Cerro Latinia 

En relación al Complejo Habitacional Cerro Latinia se pudo conocer que dicha obra se ejecutó mediante la Ley de Tierras Urbanas, en la cual se cita que todo terreno puede ser vendido hasta 400m2. Los compradores adquirieron 2000m2 para su construcción, violando así todo orden jurídico. 

Se conoció que en dicho terreno se cometió un delito de ecocidio para la construcción de soluciones habitaciones de índole privado en donde fueron vendidos de manera irregular por la Ley de Regularización y Tenencia de Tierra que establece que el valor de los terrenos son de interés social y no pueden superar los 400mts.

“Lamentablemente por dicha ley ellos obtuvieron más de 2000 metros,   en la misma ley dice que luego de tu comprar tienes que esperar 10 años para poder vender y ellos al poco tiempo, 5 meses después,  vendieron a una constructora donde el vendedor formaba parte de la junta directiva de dicha constructora. Violación de la ley”, dijo Navarro.

Indicó que desde su comienzo fue una violación a las normas municipales y las leyes nacionales, por lo que la gestión anterior conjuntamente con Planeamiento Urbano cedió esa permisología siendo este un sitio de alto riesgo donde no se permiten construcciones de ese tipo.

Navarro manifestó que incurrieron en faltas a la Ley del Ambiente, ya que  deforestaron el cerro  en donde alegaban tener un permiso del ente rector el cual su contenido no era real. “Un sitio de alto riesgo donde no se permiten construcciones de ese tipo y ellos construyeron ahí a sabiendas de cualquier derrumbe. Pidieron un permiso para hacer dos plantas, actualmente, tienen tres”.